La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó al Instituto Nacional Electoral (INE) que pese al recorte presupuestal previsto para 2022, debe realizar la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato impulsada por el Jefe del Ejecutivo federal.
Al admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral contra la reducción presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022, la Suprema Corte de Justicia le indicó al organismo que de no cumplir con su obligación de realizar la consulta popular puede incurrir en responsabilidades administrativas o penales.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al organismo electoral y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, señala el acuerdo.
El Instituto Nacional Electoral argumentó que el recorte presupuestario le impediría cumplir a plenitiud con la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato.
En cambio, el ministro instructor concedió la suspensión para que, en lo que se resuelve el asunto, los funcionarios del INE puedan seguir ganando más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El ministro que dictó el acuerdo de admisión fue el recién retirado Fernando Franco González Salas, por lo que corresponderá a la ponencia de la recién designada ministra Loretta Ortiz Ahlf analizar y realizar el proyecto de resolución.
