Las quejas han llegado a la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dijeron fuentes ministeriales a La Jornada.
Si bien, no se considera como delito grave, realizar ese tipo de llamadas atentan contra el voto libre y secreto, cuya sanción puede alcanzar de seis meses a tres años de prisión.
La ley general en materia de delitos electorales plantea que quien realice algún acto intimidatorio que atente contra la libertad del sufragio o imposibilite el libre acceso de los electores a la casilla, se le impondrá una pena de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.
Sobre la queja de los ciudadanos por recibir llamadas para denostar a López Obrador, la Fepade dijo que se comenzó con la investigación luego de tratarse de un delito electoral al utilizar datos personales (los números celulares) para realizar proselitismo en contra de candidatos.
Fuente: sdpnoticias.com
