El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la American Chamber en México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales pidieron revocar el acuerdo que limita la participación del sector privado en energías limpias que publicó la Secretaría de Energía (Sener) el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En un comunicado conjunto, los empresarios externaron que esta nueva política violenta el Estado de derecho y atenta contra la legalidad, la certeza jurídica y la libre competencia del sector energético.
Criticaron que el acuerdo se publicó sin respetar los procesos legales y normativos.
“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”, detallaron los organismos empresariales.
También manifestaron que el sector privado e involucrados que son perjudicados por la medida van a agotar los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho y defender a la industria energética del país como un motor de desarrollo.
“Es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, detallaron los organismos.
Efectos
Advirtieron que la publicación del acuerdo, sin respeto a los procesos legales y normativos representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, lo que causará consecuencias como la pérdida de empleos, además de la confianza de los inversionistas para desarrollar proyectos.
Calcularon que las afectaciones para los proyectos eléctricos de todas las tecnologías pegará a al menos 18 entidades, que concentran inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
EL UNIVERSAL publicó este domingo que a consecuencia de esta acción se abrieron las puertas a una lluvia de amparos, demandas y litigios administrativos de empresas privadas directamente involucradas en el ramo que operan o buscan participar en México.
“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional”, acusaron los organismos del sector privado.
Añadieron que además de discriminar a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.
Fuente: AGENCIAS – EL UNIVERSAL
