La defensa de Elba Esther Gordillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evite que el gobierno mexicano insista en reforzar las medidas de seguridad que tiene la ex lideresa magisterial en prisión domiciliaria.
El abogado Marco Antonio del Toro se reunió con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, para ratificar la queja que presentó contra el Estado mexicano y contra integrantes del Poder Judicial de la Federación, en la que denunció que se intenta dar trato de presa política a la maestra.
Durante el encuentro, el abogado explicó que autoridades mexicanas incurrieron en diversas violaciones a los derechos fundamentales de Gordillo Morales.
“Se pidieron medidas en torno a que no se insista en la incomunicación, a que se abstengan de realizar espionaje telefónico y se contenga la colusión entre funcionarios judiciales con PGR y el gobierno”, explicó Del Toro a EL UNIVERSAL.
La queja presentada ante la CIDH incluye además una relatoría del caso de Elba Esther Gordillo, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, diversas notas periodísticas sobre los litigios de la Procuraduría General de la República (PGR) contra la ex dirigente sindical.
Conforme al procedimiento, la CIDH deberá requerir al gobierno mexicano un informe sobre los hechos narrados por el abogado Del Toro en la queja presentada a nombre de Gordillo Morales, para posteriormente resolver sobre las medidas cautelares solicitadas.
EL UNIVERSAL informó que entre los funcionarios denunciados por la defensa de la maestra está el fallecido juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz; su ex secretario de acuerdos, Jorge Bernal Reyes, actualmente candidato por Morena a alcalde de Chignahuapan, Puebla; los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México y la consejera de la Judicatura Federal, Martha María Hernández.
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