Inmobiliaria Zumpango, empresa que demandó judicialmente la propiedad de una parte de las 128 hectáreas donde se construye la entrada principal del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, solicitó a un juez federal se detenga la obra porque se trabaja en terrenos en litigio.
Ante el juez quinto de Distrito en Materia Administrativa, la compañía argumentó que la “autoridad responsable”, entre éstas la Sedena, encargada de la construcción de la nueva terminal, en terrenos de San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, “violó la suspensión definitiva en el incidente de suspensión…”
El punto al que se refiere Inmobiliaria Zumpango es que, desde el 29 de julio de 2019, el juez décimo de Distrito en el Estado de México le otorgó a esta empresa una suspensión definitiva para verificar si el terreno que demanda es de su legítima propiedad desde hace 44 años. El proceso judicial no avanza; la audiencia constitucional sigue pendiente y las obras de construcción sobre ese predio ya empezaron desde el 4 de noviembre pasado.
El amparo de 2019 lo interpuso Inmobiliaria Zumpango en razón de que el 26 de abril de ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró como terreno nacional esas 128 hectáreas que fueron puestas a disposición de la Sedena para la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles. En esa misma declaración de terrenos nacionales se incluyen 617 hectáreas que el gobierno se comprometió a repartir entre 722 comuneros del lugar.
Inmobiliaria Zumpango solicita al juez que envíe a un actuario para una verificación ocular y dé fe de que efectivamente se ha estado trabajando en el predio. “La inspección ocular consistente en la verificación por parte del c. actuario adscrito a ese H. Juzgado, con la finalidad de que se constate de la violación a la suspensión en que está incurriendo la autoridad responsable por desacatar un mandato judicial”, dice el recurso.
En la edición de ayer, Excélsior publicó hechos de los trabajos que se realizan sobre las 128 hectáreas en litigio. Esto, a partir de la denuncia de un grupo de comuneros que mantuvo tomada esa extensión de tierra y que habían llegado a un acuerdo para desalojarlas, hecho que ocurrió el pasado 14 de noviembre. Pero que se incumplió destruyendo la siembra de cebada y apisonando el terreno para hacer caminos por donde circulan los camiones de volteo.
Desde el 3 de agosto pasado se hizo público que las 128 hectáreas donde se construye la entrada principal de esta base aérea era reclamada en propiedad por Inmobiliaria Zumpango y por Raúl Romero Zenizo, a quien la Sedena le había otorgado propiedad, desde julio de 2019.
Pablo Tapie Gómez, socio mayoritario de Inmobiliaria Zumpango —que reclama en propiedad 91 hectáreas de esas 128—, afirmó el pasado 10 de agosto estar dispuesto a llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Y en la medida del avance de las pláticas hasta se podría hablar de donar una parte.
“Nuestro anhelo es buscar una solución en este proyecto tan importante para México”, subrayó entonces Tapie.
La suspensión definitiva de julio de 2019 a la que se acoge Inmobiliaria Zumpango en su solicitud de su incidente de violación a la suspensión supone que cualquier actividad en ese predio en litigio queda automáticamente suspendida, lo que no sucedió.
Desde el 8 de junio de 2020, un grupo de 170 comuneros de San Miguel Xaltocan tomaron el predio de las 128 hectáreas, en demanda de una indemnización, el pasado el domingo 15 de noviembre Excélsior publicó que los comuneros que tenían en su poder el predio lo habían desalojado y entregado a la Sedena luego de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional Indígena y la Sedatu para desalojar el predio y dar oportunidad al plan maestro de la construcción de la nueva terminal aérea.
En la solicitud de su incidente de violación a la suspensión de Inmobiliaria Zumpango se lee que “el 14 de noviembre —el día del desalojo de los comuneros— me avisaron vecinos del alrededor del predio propiedad de mi representada que las personas encargadas de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, tomaron posesión del predio de mi demandante y estaban empezando a hacer construcciones, hecho que, a todas luces, viola la suspensión definitiva de mi representada”.
Desde el 4 de noviembre, comuneros de San Miguel Xaltocan denunciaron que una cuadrilla de la Sedena había iniciado trabajos en la parte oriente de las 128 hectáreas del aeropuerto. De acuerdo con pobladores, fueron unos 20 soldados quienes empezaron a trabajar con maquinaria pesada dentro del polígono que entonces ocupaban, custodiados por cuatro vehículos de la Policía Militar. Se supo que cavaban las cepas para los muros.
En virtud de que ya han estado trabajando en terrenos en litigio, Inmobiliaria Zumpango pidió al juez, “que se ordene a la autoridad responsable que se abstenga de seguir causando actos de molestia, como son la intromisión a un predio propiedad de mi representada, así como se abstenga de realizar cualquier tipo de construcción o edificación dentro de los linderos de mi propiedad.
“Lo anterior, toda vez que no existe un decreto o acto análogo emitido por parte de a las autoridades responsables en los que se haya decretado la expropiación o acto similar con el que se pueda afectar la posesión del predio de mi mandante, ello, al respeto del derecho de propiedad tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales”.
Inmobiliaria Zumpango, en su petición de amparo indirecto, señala que lo que lo procedente es que se requiera a la autoridad responsable, que se abstenga de seguir violando la suspensión definitiva decretada y se le imponga una medida de apremio y, en su caso, se le aperciba para que en caso de ser omisa en acatar la suspensión decretada en el presente incidente, se continuará a con el procedimiento respectivo hasta la destitución y la consignación a la autoridad judicial por desacato a una orden judicial.
Para sustentar esta petición, el documento en poder de la inmobiliaria señala que, “al respecto, resulta aplicable, respecto de la violación en que está incurriendo la autoridad responsable, resultan aplicables los siguientes criterios emitidos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación…”
Fuente: https://www.excelsior.com.mx
