México.- De concretarse la reforma electoral, el INE advierte que generará incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de paquetes electorales y hasta en el conteo de votos en la elección del 2024.
En un informe interno que el Consejo General discutirá este miércoles se confirma que, de entrada, despedirá a 5 mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales.
La reducción de personal, aunado a la contratación de empleados temporales y sin capacitación, cambios legales en los procesos y reducción de plazos pondrá en duda “la certeza jurídica y legitimidad” de la contienda en la que se elegirá al próximo Presidente de la República.
“El análisis de estas modificaciones revela la inviabilidad de que el Instituto esté en condiciones de realizar, con los plazos establecidos y bajo los parámetros de calidad y eficiencia conocidos, las actividades vinculadas con la preparación y organización de los procesos electorales”, indica el documento.
Por ejemplo, al no desaparecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP) e iniciar el mismo día el conteo distrital se suprimen procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones y sus resultados, además no se reducen costos.
Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo y los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla, por lo que se habla de cotejo en la reforma, pero no se aclara con qué documentos.
“(Con el nuevo diseño del proceso) se haría más tardado y potencialmente más conflictivo el cómputo. Se incrementaría la posibilidad de las impugnaciones por parte de los partidos y actores políticos, al no tener la certeza de lo que se está computando”, señala.
Al adelgazar la estructura, y que ésta sea improvisada, se impactarían los recuentos parciales y totales de votos que se hacen en cada elección, y que promedian el 60 por ciento de los paquetes.
Otro punto que pega directamente en la certeza de la elección es la integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación de funcionarios.
Ahora se plantea disminuir la base de la primera insaculación del 13 al 10 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplan los requisitos para ser funcionario de casilla.
Además, el nuevo modelo establece que no se visite el 100 por ciento de los insaculados, generando mayor ausentismo de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y se reducen los tiempos para la insaculación y capacitación.
Es riesgo es que habrá un incremento de errores en el procedimiento de la recepción de la votación, escrutinio y cómputo de los resultados en la casilla.
Cambiar la fecha del arranque del inicio del proceso electoral, de septiembre a noviembre, afecta la contratación de supervisores y capacitadores que visitarán a los insaculados y los capacitarán.
Morena plantea que el registro de representantes de los partidos en casillas pueda hacerse 48 horas antes de la elección, y no en 13 días como ahora, y la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes.
Esto imposibilita que todos los funcionarios cuenten con listas de representantes actualizadas, pues en algunos casos deben trasladarse en lancha o avioneta, y provocará que no se les permita el ingreso.
Negar el acceso es una causa de nulidad de la votación en casilla, y con esta propuesta el riesgo se incrementa.
También impacta la certeza jurídica el cambio de fechas para las precampañas, pues al no modificar el periodo para el registro de candidaturas, no da espacio a la resolución de impugnaciones y de facto modifica los tiempos de campaña establecidos en la Constitución.
También pone fechas contradictorias para la asignación de diputados de representación proporcional, lo que podría ser factor de impugnaciones.
La falta de personal y la poca experiencia también impacta en el traslado de paquetes, lo que provocará incertidumbre para los partidos.
“Ante la falta de auxilio por parte de las y los SE (supervisor) y CAE (capacitador), la cadena de custodia se debilitaría del tramo que abarca la salida de casilla a la entrega al consejo distrital, ya que, al dejar sin apoyo a las y los funcionarios de MDC para la entrega, se limita la preservación e integridad del paquete electoral al no haber más personas habilitadas legalmente para su traslado y entrega”, considera.
