El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, propondrá al Pleno de la Comisión Permanente, reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo, para evitar que obras públicas que son de beneficio para la comunidad sean frenadas por amparos.
Resaltó que la obra pública es de vital importancia para el país, pues su finalidad primordial es proporcionar bienestar a la sociedad en todos los órdenes, como un medio generador del desarrollo económico de las comunidades.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena destacó que el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, lo que ocasiona un perjuicio en el progreso económico y social.
Explicó que la inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad al reflejarse en beneficios importantes relacionados con los servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques.
Además, la obra pública potencia la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la inversión privada, afirma el legislador.
El senador Monreal Ávila expuso que se trata de varias reformas a nuestra Carta Magna, en la primera iniciativa, propone la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional.
El objetivo de esta reforma es para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes.
En la segunda iniciativa se propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas.
Finalmente, el senador de Morena indicó que la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que colocan el interés colectivo por encima del interés particular, precisamente, en obras que por su naturaleza no deben suspenderse ya que eso ocasionaría un grave perjuicio a la sociedad y afectaría al desarrollo económico nacional.
Fuente: AGENCIAS
