Dejar intocadas las competencias federales de estados y municipios en materia de seguridad pública y eliminar la propuesta de descontar a los gobiernos estatales y municipales de sus participaciones federales la prestación del servicio de seguridad pública que realice la Federación a través de la Guardia Nacional si cumplido el plazo establecido no garantizan dicho servicio, son parte de los cambios que prevé realizar la Cámara de Senadores a la minuta de reformas constitucionales en la materia.
Así se consigna en un análisis sobre la Guardia Nacional, titulado “Mitos y realidades”, elaborado por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y coordinador de Morena.
Además, refiere que habrán de introducirse cambios que contemplen mecanismos de control político y jurisdiccional para evaluar dicho ente policial de élite, a través del Senado de la República.
Se establecerá la facultad exclusiva de los senadores para analizar el informe anual que el Ejecutivo federal presente sobre el funcionamiento y actividades de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el documento, Morena apoya la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de restituir el artículo transitorio, eliminado de última hora por los diputados federales, que establece que de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la fuerza armada permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública.
Si no se precisa ese punto, cita el texto, la fuerza armada y las secretarías de Defensa Nacional y de Marina no podrán intervenir en funciones de seguridad pública porque el Artículo 129 de la Constitución lo prohíbe de manera expresa.
“Si en la minuta no se restituye lo previsto en dicho transitorio, o bien no se establece una modificación que otorgue el sustento constitucional para que las corporaciones castrenses puedan intervenir en tareas de seguridad pública de manera temporal, tendríamos como resultado un modelo semejante al que actualmente prevalece, en el que las Fuerzas Armadas han venido actuando en estas tareas sin el marco constitucional debido”.
El decreto aprobado por los diputados eliminó el artículo transitorio séptimo original y la minuta en estudio ya no contempla el posible descuento de participaciones a estados y municipios, que dos años y medio después de que entre el vigor la Guardia no hayan fortalecido sus instituciones de seguridad, para pagar a los cuerpos federales ese servicio.
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