Cada vez más políticos y exfuncionarios mexicanos optan por establecer su residencia en España. Lo que para algunos representa un retiro tranquilo en un país afín culturalmente, para otros podría responder a razones estratégicas o incluso legales.
España ofrece condiciones favorables: un sistema migratorio que permite a los ciudadanos latinoamericanos solicitar la nacionalidad tras solo dos años de residencia, una calidad de vida envidiable y un entorno legal donde el proceso de extradición puede prolongarse significativamente, especialmente si el solicitante ya ha adquirido la ciudadanía española.
Aunque España y México cuentan con un tratado de extradición vigente desde 1980, la entrega de personas puede complicarse en caso de que estas obtengan la nacionalidad española, ya que la Constitución de ese país no obliga a extraditar a sus propios ciudadanos.
A esto se suman los mecanismos legales que facilitan el asentamiento, como la “Golden Visa”, que otorga residencia a quienes invierten en propiedades o empresas. Para políticos con recursos económicos, esto representa una vía expedita para vivir legalmente en el país europeo.
Casos conocidos:
-
Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, se encuentra en Israel, pero anteriormente residía en España.
-
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ha intentado gestionar condiciones de vida más favorables desde su detención. Su esposa, Karime Macías, vivió en Londres, pero antes pasó una temporada en España.
-
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, podría mudarse a España por motivos académicos, según reportes recientes.
Políticos y exfuncionarios mexicanos que están o han estado en España
- Enrique Peña Nieto (EPN)
- Carlos Salinas de Gortari
- Felipe Calderón Hinojosa
- Fidel Herrera Beltrán
- Emilio Lozoya Austin
- Alonso Ancira Elizondo
- Quirino Ordaz Coppel
Mientras tanto, este fenómeno comienza a despertar cuestionamientos sobre si se trata únicamente de decisiones personales o si hay detrás una tendencia más estructurada de “autoexilio preventivo” ante el cambio de poderes y posibles investigaciones judiciales.
