El plan del Gobierno federal de lograr la soberanía energética, está en duda.
A pesar de que apuesta al rescate de Pemex y a elevar la producción petrolera con Deer Park y Dos Bocas, la estrategia no podrá funcionar si no se mejora la situación económica de la petrolera y se considera el avance hacia la transición energética a nivel mundial.
Así lo revelan reportes realizados en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, específicamente en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, los cuales se hicieron públicos tras el hackeo a la Sedena por el Grupo Guacamaya.
En ellos se exponen algunos argumentos sobre los retos que enfrentará dicho plan.
Uno de ellos señala que para lograr los resultados esperados por el Gobierno, es indispensable que se haga una reestructuración en Pemex para revertir su deuda millonaria y reducir la carga de las pensiones.
“La incorporación de las refinerías a la red de producción y refinación de Pemex evidencia un gran esfuerzo nacional para recuperar la soberanía energética, sin embargo, este esfuerzo se puede quedar corto si no va acompañado de una reestructuración amplia a su interior”, indica el documento.
Añade que el lastre que se pretende eliminar podría solo cambiar del lugar al tener una carga pesada relacionada con el exceso de personal y la cada vez más difícil tarea de pagar pensiones y Deer Park y Dos Bocas liberarán sólo una parte del problema.
Desde que inicio su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió lograr la soberanía energética en combustibles, lo que implica dejar de exportar crudo para procesarlo en refinerías del País y dejar de comprar gasolinas y combustibles en el extranjero.
Para ello, se adquirió 100 por ciento de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, y apostó por Dos Bocas, que no termina de construirse.
“La decisión de favorecer la generación de combustibles fósiles sobre la energía renovable ahora coloca a México en un camino inconsistente si se quiere alcanzar el límite de 1.5 °C.
La propuesta del Acuerdo de París es que se construirían plantas alternativas a las de carbón, con el fin de reducir las emisiones de la flota de carbón existente a nivel mundial en dos tercios durante 2020-2030 y a cero para 2050.
“De aquí que es previsible que factores antagónicos externos, ejerzan presión en el Estado mexicano para adherirse plenamente al Acuerdo de París con acciones contundentes y cada vez más apremiantes. O en su caso hacerse acreedor a sanciones económicas, administrativas por parte de la comunidad internacional”, expone un reporte.
