Por recortes en salud peligra atención del cáncer y VIH

Aunque el gobierno federal ha expuesto que en 2023 habrá un incremento general de recursos para el sector salud, las “letras chiquitas” del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevén recortes en medicamentos y atención de las personas sin seguridad social.

Además, se anticipa la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que cubre enfermedades de alto costo, como cáncer o VIH, debido a que el gobierno solicitó transferirlo, antes de junio de 2023, a la Tesorería de la Federación.

Especialistas en salud advirtieron que estas decisiones profundizarán la crisis del sector salud público y afectarán, sobre todo, a las personas con menos recursos.

Para el próximo año se prevé un aumento de 3.9% para el sector salud, pero no se tiene certeza de en qué se va a gastar porque la programación del gasto es opaca, aseguró Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa al presentar un análisis del Paquete Económico.

Explicó que, al descontar los recursos del sector que se destinan a fideicomisos y a inversión financiera, en realidad el presupuesto de salud tendría un aumento marginal respecto a lo aprobado en 2022, y sería de de 0.8% más, equivalente a 6.8 mil millones de pesos adicionales.

El problema de las transferencias a los fideicomisos, explicó, es que no se transparentan, por lo que no hay certeza de cómo se hayan ejercido.

El doctor Miguel Ángel González Block, investigador honorario del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó en entrevista que ahora el gobierno tiene menos posibilidad para garantizar el derecho a la salud, entendido como el acceso oportuno y a bajo costo o gratuito a todos los tratamientos.

De 2010 a 2018, el Fonsabi tuvo ingresos trimestrales promedio de 5.6 mil millones de pesos, y egresos por 3.6 mil millones de pesos, detalló la especialista Mariana Campos.

“Esto hace que se esté mermando la reserva de este fondo. Sin embargo, no tenemos claridad y rendición de cuentas adecuadas, porque desde 2020 estamos teniendo carencias de información en gasto y casos atendidos”, subrayó.

En 2018 el fondo acumuló 110 mil millones de pesos, pero a junio de 2022 contaba únicamente con 37.8 mil millones de pesos, monto que el gobierno pretende depositar en la Tesorería de la Federación antes de junio de 2023.

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“Y no nos queda claro en qué se va a usar y cómo se van a cubrir las enfermedades crónicas o catastróficas de la población sin seguridad social”, lamentó la experta.

Por ello, solicitó al gobierno y a la Cámara de Diputados esclarecer la información para entender cuál es el plan y qué se propone con estos movimientos.

“En cualquier escenario se habrá dado una estocada mortal al principal mecanismo para atender enfermedades de alto costo, como el cáncer y VIH/sida, capaces de ‘desfondar’ por completo las finanzas de una familia que tiene que enfrentarlas por sí misma. De paso, desaparecerá el instrumento destinado a promover inversión física en municipios con alto grado de marginación”, expuso México Evalúa en su investigación.

“Esto implica algo sumamente preocupante, que es que se sustituyan los recursos de atención para padecimientos de alto costo o de especialidad, como VIH y cáncer, hacia la atención del primer nivel. No es que no se deba atender el primer nivel, el problema es que el bajo financiamiento nos está obligando a decidir entre niveles de atención”, expuso.

La reducción presupuestal a estas enfermedades es notoria. Por ejemplo, detalló que en 2015 se destinaron 2,275 millones de pesos a la atención de cáncer de mama, y en 2020 fueron 1,105 millones de pesos, una reducción de 51.4%.

“De ese tamaño es lo que estamos dejando de atender, no nada más porque no existan fondos, sino porque no sabemos a dónde se están destinando estos recursos”, señaló.

Agregó que una tercera parte de las unidades del sector salud tendrá aumentos presupuestales marginales, mientras que el Hospital Infantil de México tendrá un recorte de 4%; el Instituto Nacional de Pediatría, de 6%, y el Instituto Nacional de Cardiología, 2.5%.

“Aquí también nos preocupa el tema de la equidad intergeneracional: se concentran los recursos en la población de adultos mayores versus los recursos que van a la niñez”, apuntó.

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