La tarde del 8 de junio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo declarando inválida la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, la cual había entrado en vigor el 3 de junio de 2021.
La decisión del Máximo Tribunal se basó en diversas irregularidades y violaciones al proceso legislativo que condujo a la aprobación de dicha legislación en el Congreso.
En concreto, la Corte determinó que se había infringido el principio de deliberación informada y democrática, ya que el dictamen no fue distribuido con suficiente antelación para que los legisladores pudieran estudiarlo detenidamente.
Posteriormente, la Presidencia de México criticó duramente la decisión de la SCJN, acusando a la autoridad judicial de violar la Constitución Política y de invadir la “vida interna” del Congreso.
“La SCJN viola el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalificar reglas de funcionamiento internas que autónomamente se ha dado el Congreso de la Unión, cuya interpretación y aplicación solo corresponde a éste”, se pudo leer en un comunicado emitido por el área de prensa del Ejecutivo Federal.
Como resultado de la resolución de la Corte, el Gobierno de México hizo un llamado a los ministros para que “respeten los procedimientos internos” del Poder Legislativo y consideró que estas determinaciones podrían poner en peligro la democracia.
“Si continúan actuando de esta manera, la SCJN pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el eficaz funcionamiento de los otros Poderes de la Unión, perjudicando el necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional”, agregó la Presidencia.
El proyecto fue presentado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y recibió el apoyo de ocho miembros del Pleno: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña Hernández.
Por otro lado, los votos en contra de la invalidación fueron emitidos por Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.
La Ley para la Transparencia fue una iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal y tiene como objetivo combatir las prácticas comerciales desleales en el ámbito de la publicidad.
Entre otras disposiciones, establece que los medios de comunicación deben facturar directamente al anunciante, sin intermediarios, y prohíbe a las agencias la reventa de espacios publicitarios.
Cabe recordar que en enero pasado, esta Ley ya había sido sometida a análisis por la Corte a raíz de una impugnación que denunciaba presuntas violaciones a los derechos humanos de libertad de trabajo, libre contratación y autonomía de la voluntad. Esto se debía a la prohibición que se imponía a las agencias para contratar y revender espacios publicitarios.
“La Ley impugnada contradice el régimen constitucional vigente, ya que las relaciones comerciales deben ser transacciones libres en las que las partes contratantes ejerzan su voluntad con autenticidad, sin que se impongan conductas de ningún tipo ni que sean intervenidas por terceras personas, incluido el Estado”, señaló en ese entonces la Primera Sala de la SCJN.
