México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó este jueves una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del segundo paquete del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, informó a través de sus redes sociales que “el PRI dará la batalla legal para defender la democracia de México”.
En el recurso presentado, se establece que la Acción de Inconstitucionalidad es contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo pasado.
El PRI expuso que la reforma contiene modificaciones sustantivas a la estructura y órganos que integran a la autoridad electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE), que constitucionalmente tiene depositada la función estatal de organizar las elecciones.
El partido argumentó que los cambios pretenden transformar los elementos básicos de la estructura del Instituto que se habían mantenido sin alteraciones relevantes desde 1990 a la fecha, y que la profundidad de las reformas efectuadas vulnera los principios fundamentales que la Constitución establece para la función estatal de organizar las elecciones.
Además, el PRI plantea que la reforma atenta contra los derechos y principios fundamentales vinculados a la materia electoral, como el derecho a votar en las elecciones populares y consultas, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, la plena voluntad del pueblo mexicano para constituir la República democrática y representativa, y la soberanía nacional por falta del ejercicio de la voluntad popular plena.
El partido también asegura que la reforma atenta contra los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la función estatal de organizar las elecciones, la autonomía de la autoridad electoral, el debido ejercicio de la función legislativa por parte del Congreso en la división de poderes, y la debida protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
