La Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esta decisión desafía las sentencias previas de la Corte que habían declarado inconstitucionales los intentos de prohibición de estos productos.
Al ser una reforma constitucional, la nueva legislación se convierte en una medida inatacable, lo que plantea un nuevo panorama para la regulación de estos dispositivos. British American Tobacco (BAT), uno de los principales productores de cigarrillos electrónicos, ha expresado su preocupación por la medida, advirtiendo que la prohibición podría llevar a un control total de la venta en el mercado ilegal. Según estimaciones de la compañía, el valor de mercado de los vapeadores asciende a 40 mil millones de pesos, lo que implicaría que el Estado no recaudaría ingresos de esta actividad.
Gastón Zambrano, director de Asuntos Corporativos de BAT, ha instado a los senadores a reconsiderar la prohibición y a buscar una regulación adecuada que garantice la calidad de los productos y evite que lleguen a manos de menores. Zambrano argumenta que proteger la salud a través de la prohibición es un error y que la regulación podría ayudar a mitigar los riesgos asociados con el consumo de estos productos.
En una entrevista reciente, Tadeu Marroco, CEO Global de BAT, destacó que las prohibiciones han demostrado ser contraproducentes en otros países, como Brasil y Turquía, donde han dado lugar a mercados ilegales que ofrecen productos más peligrosos. Marroco enfatizó que BAT busca convertirse en una empresa libre de humo de tabaco en la próxima década, apostando por productos menos dañinos como los vapeadores.
La reforma, que ahora se dirige al Senado, plantea un dilema sobre cómo equilibrar la salud pública y la regulación del mercado, mientras que los consumidores y la industria observan con atención el desarrollo de esta situación.
