Ciudad de México, México.- El debate sobre el registro obligatorio de líneas celulares regresó al Senado en medio de alertas por seguridad pública, protección de datos personales y la capacidad real de las empresas para cumplir con la obligación. En ese contexto, el PRI planteó ajustar los tiempos legales para evitar una implementación apresurada con efectos no previstos.
El senador Pablo Angulo Briceño presentó una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la intención de ampliar de un año a dos años el plazo para completar el registro nacional de líneas móviles. El legislador sostuvo que, aunque el objetivo es combatir delitos como la extorsión y el fraude, acelerar el proceso podría generar exclusión digital y fallas graves en el sistema.
La propuesta surge tras los incidentes registrados el 10 de enero, apenas un día después de iniciado el registro, cuando se evidenciaron vulnerabilidades en la plataforma de Telcel, que, según especialistas, habrían permitido la filtración de datos de usuarios. Si bien la empresa anunció refuerzos en sus protocolos de seguridad, expertos advierten que los riesgos persisten para los clientes de otras compañías obligadas a cumplir con el mismo esquema.
La iniciativa plantea extender el periodo legal de registro de 12 a 24 meses, con el fin de garantizar una aplicación gradual, ordenada y segura. El documento legislativo recuerda que el registro de tarjetas SIM es una práctica extendida a nivel internacional: más del 90 % de los países cuentan con mecanismos similares, de acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la GSMA.
Sin embargo, también subraya que en muchos de esos países fue necesario ampliar los plazos originales debido a problemas de inclusión digital, limitaciones tecnológicas y preocupaciones relacionadas con la privacidad. En el caso de México, la reforma propone mover la fecha límite del 30 de junio de este año al 30 de enero de 2028.
El proyecto advierte que una aplicación acelerada podría dejar fuera a millones de usuarios, especialmente en zonas rurales o con acceso limitado a servicios digitales. Adultos mayores, personas sin documentación actualizada y ciudadanos con dificultades para usar plataformas tecnológicas serían algunos de los sectores más afectados, lo que iría en contra del principio de conectividad universal.
Aunque reconoce que el registro puede apoyar investigaciones penales y el combate a delitos como phishing y extorsión, la iniciativa pone énfasis en los riesgos del manejo masivo de información sensible, y en la necesidad de contar previamente con estándares robustos de seguridad informática y protección de datos personales.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis. Su futuro dependerá del consenso entre las fuerzas políticas y de la evaluación de los impactos operativos, sociales y económicos que tendría el registro obligatorio en su forma actual.
