Dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, propusieron anular la elección reciente de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la distribución masiva y coordinada de “acordeones”, guías impresas y digitales que orientaron el voto para favorecer candidaturas específicas. Según el proyecto presentado, estas acciones constituyen una estrategia ilegal de propaganda indebida que atentó contra los principios de legalidad, certeza y equidad que deben regir todo proceso electoral.
La investigación documenta que se difundieron más de tres mil acordeones en 26 estados del país, acompañados de evidencias fotográficas, videos y audios que demuestran su promoción en espacios públicos, la intervención de servidores públicos, partidos políticos y la utilización de recursos posiblemente ilícitos para influir en la ciudadanía. El análisis indicó una coincidencia entre las candidaturas presentadas en estos materiales y las que finalmente resultaron electas, lo que refuerza la hipótesis de que esta estrategia fue determinante para el resultado de la elección.
El magistrado Reyes Rodríguez consideró que la existencia de esta estrategia masiva actualiza las causales para declarar la nulidad de la elección por financiamiento ilícito y violación grave a los principios constitucionales. Los proyectos presentados solicitan revocar los resultados electorales, anular las constancias de mayoría entregadas a los ministros electos y ordenar una elección extraordinaria. Además, proponen que el Senado organice esta nueva elección y que tanto el Instituto Nacional Electoral como la Fiscalía General de la República investiguen el financiamiento y la difusión de los acordeones, así como posibles delitos asociados.
Este caso representa un antecedente importante en la historia electoral de México, ya que documenta un nivel de intervención ilegal sin precedentes en un proceso federal judicial. La decisión que tome la Sala Superior del TEPJF en los próximos días marcará un precedente sobre la validez o no de estas estrategias en futuras elecciones judiciales y tendrá un impacto directo en la integridad y autonomía del Poder Judicial en el país. La polémica está centrada en si se permitirá o no que este tipo de propaganda coercitiva se repita en procesos electorales venideros, con posibles consecuencias sobre la confianza ciudadana en la justicia y la democracia.
