La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019 y que permite a la ciudadanía decidir si una persona electa debe concluir o no el periodo para el que fue votada. Aunque es una figura reciente en el sistema político nacional, ha sido motivo de debate por su diseño, su impacto en la democracia directa y su posible uso político.
De acuerdo con el Artículo 35 constitucional, la revocación de mandato aplica únicamente para la Presidencia de la República y tiene el propósito de evaluar el desempeño del titular del Ejecutivo. El proceso no se activa automáticamente, sino mediante una serie de requisitos estrictos que buscan asegurar que se trate de una solicitud genuina y no manipulada.
Para iniciar el procedimiento, se requiere la firma de por lo menos el tres por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores distribuidas en al menos diecisiete entidades federativas. Estas firmas deben recabarse entre los ciudadanos y validarse posteriormente por el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de verificar su autenticidad mediante revisiones técnicas y documentales.
Una vez validadas las firmas, el INE debe organizar la jornada de votación en una fecha establecida por ley, generalmente a mitad del periodo presidencial. Se instalan casillas, se imprimen boletas y se desarrolla un proceso prácticamente idéntico al de una elección federal. La pregunta que se formula en la boleta tiene una redacción constitucionalmente definida: si la población desea que la persona titular de la Presidencia continúe en su encargo o se le revoque por pérdida de confianza.
Para que el resultado sea vinculante, se necesita la participación de al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. Si se alcanza ese umbral y la mayoría vota por la revocación, el Presidente dejaría el cargo y se procedería conforme al artículo 84 constitucional, que establece la designación de un presidente sustituto por parte del Congreso de la Unión. Si la mayoría vota porque continúe, el titular del Ejecutivo seguiría en funciones hasta terminar su mandato.
Desde su incorporación, esta figura ha generado discusiones entre especialistas, organizaciones civiles y actores políticos. Algunos analistas la consideran una herramienta valiosa para fortalecer la rendición de cuentas, mientras que otros advierten que podría ser utilizada con fines propagandísticos o como instrumento de confrontación política.
La primera vez que se realizó un proceso de revocación de mandato en México fue en 2022, cuando el INE organizó una consulta nacional en la que el Presidente de la República obtuvo un amplio respaldo para continuar, aunque la participación no alcanzó el umbral requerido para que el resultado fuera vinculante. Ese ejercicio permitió observar tanto el potencial de la figura como los retos logísticos y políticos que implica, desde la organización del proceso hasta la comunicación institucional y la participación ciudadana.
En la actualidad, la revocación de mandato continúa siendo un mecanismo relevante para el debate público, pues representa una vía para que los ciudadanos tengan una herramienta legal para evaluar el desempeño de la autoridad presidencial. También implica reflexionar sobre la madurez democrática del país, el papel del INE y los desafíos de promover la participación libre y razonada.
