El colectivo Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a 173 organizaciones de la sociedad civil, como la Unicef y Save the Children, entre otras, lanzó una alerta debido a que 6.5 millones de niños menores de seis años están en riesgo y podrían verse afectados en su salud, desarrollo físico, intelectual y emocional, por el recorte presupuestal que podrían sufrir aproximadamente 15 programas o dependencias del gobierno federal.
El pasado 23 de abril se publicó un decreto presidencial de austeridad, el cual ordena un “apretón” en el gasto de todas las dependencias del gobierno para lo que resta del año. Determina que, de manera urgente y categórica, no ejerzan 75% del presupuesto disponible para las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños consideran que al menos 15 programas dirigidos a menores de edad de escasos recursos podrían verse afectados en su continuidad, los cuales están relacionados con la nutrición, servicios de salud, oportunidades de aprendizaje, cuidados de calidad y una vida libre de violencia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Aranzazu Alonso, directora del Pacto por la Primera Infancia, reveló que les preocupa que pudieran recortarse programas y proyectos para los menores, como vacunación, aplicación de tamizaje, recursos para guarderías y estancias infantiles, alimentación, así como dinero para la producción y papel con el que se elaboran los libros de texto.
También, el ajuste presupuestal le tocaría al programa Protección y Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, el cual se encarga de atender temas de adopción, restitución de derechos de niñas y niños que sufren violencia o abuso, por lo que “para ellos los gastos operativos son todos”.
Asimismo, podría verse mermado el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que tiene que ver con la educación inicial y que se dedica a ayudar con prácticas de crianza en zonas rurales para disminuir la brecha entre menores que viven en pobreza y los que se desarrollan en otras condiciones, con el fin de que cuando lleguen a la escuela, su grado de desarrollo no sea diferente y tengan un comienzo más equitativo.
Además de estas posibles disminuciones económicas, Alonso destacó que dentro del Pacto por la Primera Infancia “estamos muy preocupados por los efectos que van a sufrir los niños y niñas más pobres en sus primeros años.
“Como efecto directo de la pandemia [por Covid-19], las crisis económica, de salud y social van a pegar directamente a uno de los sectores más vulnerables de este país: los niños menores de seis años.
“La petición que le estamos haciendo al gobierno federal es que es importante asegurar que estos recortes presupuestales que se anunciaron el 23 de abril no afecten la continuidad de los programas públicos que brindan bienes y servicios para la primera infancia.
“La aplicación irrestricta del decreto, que supone una disminución importante en las partidas de servicios generales, materiales y suministros, puede dejar algunos de estos programas inoperantes.
“Como en estas partidas está el tema de insumos médicos, aplicarlo de manera irrestricta podría suponer no tener recursos para las vacunas o insumos para los tamices.
“[De igual forma] que las guarderías del IMSS e ISSSTE, [además de] otras dependencias de salud, no puedan comprar alimentos que le dan a niñas y niños o que no se pueda comprar papel para libros de texto y materiales educativos”, describió Alonso.
Aseguró que elogian la decisión de hacer una administración pública más eficiente y austera, pero, comentó, la aplicación irrestricta de este decreto “puede resultar mucho más costoso para el país que los potenciales ahorros derivados de estas medidas.
“Lo que estamos pidiendo es que se confirme que estos programas van a ser exentados del decreto del 23 de abril, para poder asegurar que sigan operando y dando beneficios a las niñas y niños que hoy participan en ellos.
“Compartimos la idea de tener una administración más eficiente, pero no podemos desmantelar programas que, hoy sabemos, tienen beneficios muy concretos para niñas y niños”, dijo.
Externó que enviaron cartas a los secretarios de Estado y a titulares de dependencias federales que tienen a su cargo esos proyectos, con el fin de que soliciten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exenciones muy puntuales.
“Hemos identificado en conversaciones con algunos servidores públicos que incluso ellos no tienen muy claro cuál va a ser la magnitud de los recortes y cuáles [programas] podrían ser exentados.
“No hay claridad, incluso por parte de las áreas operativas. En todas percibimos preocupación, pero no claridad, por eso surge esta petición, porque creo que todos necesitamos confirmar que estas medidas no van a afectar a las niñas y niños más pobres del país ni a sus servicios esenciales”, aseguró Alonso.
Aclaró que el colectivo Pacto por la Primera Infancia no está pidiendo recursos: “A nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, el interés que nos une es ver por los derechos de la primera infancia y ver que niñas y niños, sin importar dónde hayan nacido, puedan alcanzar todo su potencial”.
Cuestionó: “¿Qué pasa con el programa de Restitución de Derechos de Niñas y Niños? Si debilitamos a la instancia que es la encargada de defenderlos, vamos a tener menores de edad que no pueden ser atendidos o que sus derechos no podrán ser restituidos.
“Pasa así en las guarderías, [puesto que] no podrán comprar los alimentos a niñas y niños y van a ser inoperantes. Ni modo que tengas a un bebé ocho horas en una guardería sin darle una alimentación variada y suficiente.
“¿Qué pasa si debilitamos el programa de vacunación?, pues más niñas y niños no van a poder acceder a las vacunas que les tocan cuando corresponden. ¿Qué pasará entonces con los potenciales brotes, como el que ya vimos en la Ciudad de México con el sarampión?.
“Si debilitamos los mecanismos de protección [a la infancia], hay más probabilidades de que las niñas y niños vean afectados diferentes dimensiones de su desarrollo físico, cognitivo y emocional.
“Lo que tenemos que hacer es protegerlos más, no menos”, reiteró Aranzazu Alonso.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
