El uso de un perfil en redes sociales condujo el domingo a la detención en Nuevo Léon del exsacerdote costarricense Mauricio Víquez, buscado en su país por violación y abusos sexuales contra un menor de edad.
El director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ), Walter Espinoza, declaró ayer a periodistas que Víquez salió de Costa Rica en enero pasado con destino a Panamá y que desde entonces se desconocía su paradero preciso, aunque habían indicios de que se encontraba en México.
Espinoza detalló que el OIJ recibió información confidencial acerca de un perfil en redes sociales que supuestamente estaba siendo utilizado por Víquez.
Tras realizar un estudio de la cuenta en la red social, los expertos del OIJ determinaron que había muchas similitudes con la cuenta que utilizaba anteriormente el exsacerdote, principalmente en cuanto a contenidos e información básica.
Espinoza indicó que toda la información se compartió con la Policía Federal mexicana y que se determinó que el perfil de la red social era manejado desde un teléfono celular mexicano, lo que permitió ubicar el dispositivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
“Teníamos un conocimiento bastante certero de que la personas que utilizaba la red social era el sujeto al que estábamos buscando. La persona que utilizaba la red se hacía nombrar Antonio (que es el segundo nombre de Víquez) y señaló que el 18 de abril falleció un tío suyo y verificamos que un tío de Víquez había fallecido”, comentó el director del OIJ.
Espinoza dijo que hay detalles de la investigación que no se pueden compartir.
Mauricio Víquez salió de Costa Rica en enero pasado tras haber sido denunciado penalmente en octubre de 2018 por violación contra menor de edad, caso que prescribiría en septiembre próximo cuando la víctima cumpla 28 años, 10 después de su mayoría de edad.
Un juzgado penal de Costa Rica giró el pasado 19 de febrero una orden de captura internacional contra Víquez por el delito de violación sexual contra un menor, que habría ocurrido en 2003, cuando ejercía como sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, San José.
El cura también se enfrenta a otras nueve denuncias canónicas interpuestas por hombres que fueron en su mayoría monaguillos en iglesias de Tres Ríos, provincia de Cartago (centro), y Patarrá. Estas denuncias no se tramitan en el ámbito penal porque están prescritas.
Este caso propició que en abril pasado el Congreso aprobara una ley que amplía en 15 años el tiempo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Ahora los casos de delitos sexuales contra menores tendrán un tiempo de prescripción de 25 años a partir del cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima.
Tras el caso de Víquez salieron a la luz otra serie de denuncias contra sacerdotes por abusos y violación de menores, lo cual ha generado una crisis dentro de la Iglesia Católica este año.
En Costa Rica, país de cinco millones de habitantes y donde la religión católica está estipulada como oficial en la Constitución de 1949, la crisis obligó a la Iglesia católica, acusada también de supuestamente encubrir casos, a pedir perdón en dos ocasiones este año por los delitos sexuales cometidos por sacerdotes, y a comprometerse a dar mayor prioridad a la atención de las víctimas.
La Iglesia ha dicho en reiteradas ocasiones que desconocía el paradero de Víquez y había ofrecido la colaboración necesaria a las autoridades judiciales.
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