Transparencia para el Pueblo es el organismo que reemplazó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el mes de mayo y comenzó a resolver recursos de revisión desde junio. Sin embargo, este nuevo órgano enfrenta fuertes críticas porque ha mostrado una reducción significativa en sus recursos y capacidades, lo que ha derivado en que deseche un mayor número de quejas relacionadas con el acceso a la información pública.
Este cambio responde a una reestructuración impulsada por el gobierno federal con el propósito de centralizar y optimizar funciones en materia de transparencia, alineándose con políticas de austeridad republicana. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ahora concentra las funciones que antes tenía el INAI, lo que ha generado preocupación entre especialistas y sectores de la sociedad civil que defienden la transparencia y el acceso a la información pública.
Según reportes de presupuestos, los recursos asignados para la labor de Transparencia para el Pueblo se han reducido casi a la mitad respecto al presupuesto que tenía el INAI, afectando su capacidad para atender con eficacia a los ciudadanos y para sancionar incumplimientos. Esta reducción ha provocado que mucha información pública sea menos accesible, y que las quejas presentadas ante este organismo sean desechadas en mayor proporción.
La transición del INAI a Transparencia para el Pueblo ha implicado también cambios en la estructura institucional, donde desaparece la figura colegiada de siete comisionados para dejar la toma de decisiones en manos de una sola persona. Esto ha generado cuestionamientos sobre la independencia y pluralidad del órgano encargado de garantizar el derecho a la información.
