Ciudad de México, México.- Con el argumento de frenar abusos en la impugnación de actos de autoridad, el Ejecutivo federal envió al Senado una serie de reformas a la Ley de Amparo que han generado fuertes críticas de especialistas y juristas.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca restringir el uso de suspensiones provisionales en juicios de amparo, con el fin de evitar que se utilicen como herramienta para detener actos de gobierno o retrasar sanciones. Entre las modificaciones planteadas se contempla eliminar cualquier clase de suspensión para mantener permisos, autorizaciones o concesiones del gobierno.
El proyecto también elimina la suspensión provisional contra el bloqueo de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como aquellas que eviten que los bancos entreguen información solicitada por autoridades. Otra medida establece que ya no se multará a funcionarios que incumplan con sentencias de amparo, sino únicamente a las dependencias, las cuales podrán evitar sanciones si demuestran la imposibilidad de cumplir con el fallo.
Además, se plantea desechar impedimentos que se consideren notoriamente frívolos y dar a los jueces un plazo máximo de 60 días para dictar sentencia una vez celebrada la audiencia final. La reforma también busca privilegiar la tramitación electrónica del juicio, la cual será obligatoria para las autoridades.
Las propuestas han sido cuestionadas por especialistas en derecho, quienes advierten riesgos a los derechos humanos. Andrés Aguinaco, litigante, señaló que la ampliación de supuestos en los que no procede la suspensión genera espacios de arbitrariedad e impunidad. Luis Manuel Pérez de Acha, experto en derecho fiscal y administrativo, afirmó que la reforma pretende limitar el activismo judicial en beneficio del poder público y en detrimento de los ciudadanos.
Por su parte, Jorge Cruz Ramos, ex consejero de la Judicatura Federal y magistrado de circuito recién retirado, advirtió que impedir suspensiones puede traducirse en restricciones desproporcionadas, al dejar a los quejosos sin posibilidad de frenar actos que podrían vulnerar irreversiblemente sus derechos antes de que exista una sentencia definitiva.
No obstante, algunos especialistas destacaron aspectos positivos. Pérez de Acha consideró que la medida impedirá retrasos en el pago de deudas fiscales determinadas por el SAT y confirmadas por instancias judiciales, lo que fortalece la recaudación. Cruz Ramos agregó que limitar suspensiones puede reforzar la función preventiva del derecho administrativo sancionador, evitando que la suspensión sea utilizada como un escudo para la ilegalidad.
El debate legislativo se centrará en cómo lograr que estas reformas equilibren el combate a abusos en el sistema de justicia sin sacrificar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
