Ciudad de México, México.- La iniciativa de reforma electoral impulsada desde la comisión del Gobierno federal encabezado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantea reducir la representación proporcional y el financiamiento público, una combinación que, de aprobarse, acotaría la participación de partidos minoritarios y modificaría de manera sustantiva el equilibrio político en el Congreso.
La propuesta contempla eliminar 100 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional, un ajuste que impactaría principalmente a fuerzas opositoras y partidos de menor tamaño. Actualmente, 200 de los 500 diputados federales son plurinominales, y 62 por ciento de ellos no pertenecen a Morena. En el Senado, 32 de los 128 escaños se asignan por esta vía, y 63 por ciento tampoco corresponden al partido gobernante.
Especialistas en materia electoral advierten que, al concentrar Morena la mayoría de los cargos de mayoría relativa, la reducción de legisladores plurinominales incrementaría de forma automática su peso legislativo, debilitando la representación plural que caracteriza al sistema político mexicano.
A este rediseño se suma la intención del Gobierno federal de adelantar la revocación de mandato a 2027, con el objetivo de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo figure en la boleta durante la elección intermedia, en la que se renovará el Congreso federal, 17 gubernaturas, congresos locales y otros cargos. De concretarse, el electorado votaría simultáneamente por ratificar a la Presidenta y por elegir legisladores, lo que —según analistas— podría potenciar el arrastre electoral de Morena.
Las advertencias quedaron plasmadas en el estudio “Estándares internacionales para la próxima reforma electoral en México”, publicado esta semana por organizaciones especializadas en derecho electoral, entre ellas la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México.
El documento recuerda que el modelo electoral mexicano fue diseñado para poner fin a siete décadas de hegemonía de un solo partido (1929–2000) y subraya que la Constitución establece dos salvaguardas clave para el pluralismo: un sistema mixto que combina mayoría relativa y representación proporcional, con límites estrictos a la sobrerrepresentación, y la preeminencia del financiamiento público sobre el privado para evitar la captura del poder político por intereses económicos o ilícitos.
“Este diseño busca impedir que una mayoría simple se transforme en un dominio legislativo absoluto”, señalan los autores, al tiempo que protege la competencia equitativa entre fuerzas políticas.
Modificar estos pilares —alertan— abre la puerta a la monopolización del poder y debilita el sistema plural de partidos, un componente esencial de la democracia representativa. Según el análisis, trastocar la representación proporcional y el esquema de financiamiento no solo afecta a la oposición, sino que reconfigura las reglas del juego democrático con efectos de largo alcance.
