La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para una reforma electoral en México que busca modificar aspectos relevantes del sistema político y electoral. A diferencia de una propuesta anterior que pretendía desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), esta vez se plantea mantener su autonomía, aunque con ajustes en su estructura, incluyendo una reducción en el número de consejeros y una optimización en el presupuesto para eliminar gastos innecesarios.
Uno de los cambios más destacados es la eliminación de los diputados plurinominales, que actualmente permiten a partidos políticos obtener escaños en el Congreso sin ganar elecciones directas. La propuesta contempla reducir el número total de diputados federales de 500 a 300, con un mayor énfasis en los representantes elegidos por mayoría relativa, favoreciendo a los partidos con mayor votación directa. Esta medida es controversial porque podría disminuir la representación de partidos pequeños y minoritarios.
Además, la reforma se enfoca en disminuir los costos electorales, ante críticas al elevado gasto en procesos pasados, como las elecciones judiciales de 2024 que costaron alrededor de 8,000 millones de pesos. Entre las medidas para lograrlo se consideran recortes al financiamiento público a partidos políticos y una mejor administración de los recursos del INE.
Otra innovación que se estudia es la elección popular de los consejeros del INE, una propuesta liderada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta comisión fue creada para diagnosticar el estado actual del sistema electoral, analizar la representación popular y mecanismos de participación ciudadana, y proponer reformas que pongan en el centro la democracia y la participación directa del pueblo.
Cabe destacar que esta reforma no aplicaría para las elecciones de 2027, lo que abre un periodo de discusión y negociación en el Congreso. La iniciativa ha generado debates intensos, con críticas sobre un posible golpe a la pluralidad política y vulneraciones a la autonomía del INE, mientras el gobierno argumenta la necesidad de un sistema más eficiente y menos costoso.
