MRS / Revista Punto de Vista / 05 de Agosto 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que en su propuesta de reforma electoral no bastará con la opinión de los expertos. “Se va a escuchar al pueblo”, dijo con firmeza, dejando entrever que los tiempos en que los tecnócratas dictaban el rumbo de la democracia quedaron atrás. No abundó en detalles —según aclaró, la conferencia era sobre Pemex—, pero aprovechó la pregunta para lanzar un dardo envenenado al pasado electoral del país.
Nombrar a Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, como uno de los “artífices del fraude de 2006”, no es un acto menor. Sheinbaum revive un episodio que marcó a toda una generación de votantes, muchos de los cuales siguen convencidos de que el triunfo de López Obrador fue arrebatado injustamente. Al acusar a figuras como Ugalde —hoy transformadas en opinadores mediáticos— de travestirse en paladines de la democracia, la presidenta no solo confronta al viejo régimen electoral, sino que también prepara el terreno para deslegitimar sus críticas futuras.
¿Es justo que quienes se negaron a abrir las urnas en 2006 ahora se erijan como guardianes del proceso democrático? Esa es la pregunta que Sheinbaum planta con astucia. Pero también deja otra, aún más inquietante: ¿Quién será ahora el árbitro electoral confiable? Si el nuevo modelo estará dirigido por actores cercanos a su gobierno, ¿será suficiente con escuchar “al pueblo”?
La inclusión de voces opositoras y de exconsejeros —aunque no necesariamente como tomadores de decisiones— podría ser un gesto simbólico, más que una apertura real al diálogo plural. A fin de cuentas, escuchar no es lo mismo que incorporar. Y mientras la presidenta promete oídos para todos, en los hechos la comisión especial para la reforma estará compuesta por funcionarios de su administración.
La democracia no solo se construye con mayorías, sino también con contrapesos. En la medida en que el gobierno escuche, sí, pero también ceda y negocie, se podrá avanzar hacia una reforma electoral legítima y duradera. Si el proceso deriva en un monólogo de poder disfrazado de consulta popular, volveremos a escuchar, dentro de unos años, las mismas acusaciones, solo que con los roles invertidos.
