El periodista de la revista Proceso, Mathieu Tourliere, afirmó que los señalamientos contra autoridades de Tabasco por vínculos con grupos criminales se basan en informes de inteligencia militar obtenidos a través de la filtración conocida como Guacamaya Leaks y no tienen una motivación política. De acuerdo con el reportaje “Los pecados de Adán”, estos documentos, elaborados por diversas instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República, detallan una estructura de complicidad que operó durante y después del gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Los informes describen que prácticamente todo el aparato de seguridad estatal estaba cooptado o mantenía vínculos con el crimen organizado. Entre los señalados figuran altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, como José del Carmen Castillo Ramírez, Leonardo Arturo Leyva Ávalos, Javier Reyes Palomeque, Carlos Tomás Díaz Rodríguez, Ulises Pinto Madera y Rubén Muñoz Rivera, algunos de los cuales han sido detenidos recientemente. Las actividades atribuidas incluyen robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes, venta de drogas, extorsiones y robos planeados.
Uno de los casos más relevantes es el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, y el de Nicolás Bautista Obando, exvicefiscal y actual fiscal estatal, vinculado en los documentos con un presunto líder criminal. Tourliere destacó que estas redes criminales también habrían contado con apoyo de agentes federales, incluida la manipulación de investigaciones y el aviso a grupos delictivos sobre operativos o expedientes abiertos en su contra.
El periodista señaló que, pese a las advertencias en los informes, no se actuó para desmantelar las estructuras, que continuaron durante el gobierno interino de Carlos Merino, quien mantuvo en sus cargos a los mandos señalados. Recordó que, antes de publicar la investigación, Proceso solicitó una respuesta al equipo de López Hernández sin obtener contestación, y que posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó respaldo a su excolaborador.
Tourliere consideró que esta situación evidencia la existencia de un “cuarto orden de gobierno” en Tabasco, integrado por redes criminales y autoridades coludidas, y subrayó que la documentación militar aporta pruebas sólidas de la actuación del entorno político del estado. Según el periodista, el caso refleja cómo información de alto valor para combatir la corrupción y el crimen quedó sin consecuencias, a pesar de estar en manos de las instituciones de seguridad.
