A la fecha han sido presentadas tres mil 806 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de las cuales 618 fueron interpuestas en línea.
De acuerdo a datos del Poder Judicial de la Federación, son 21 mil 409 los quejosos, de los cuales 459 son jueces, 617 son magistrados, cinco mil 434 secretarios, mil 272 actuarios y seis mil 388 oficiales.
Asimismo, cuatro mil 776 externos de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), de las comisiones federales de Competencia Económica (Cofece) y de Electricidad (CFE), de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los quejosos contra dicha ley también son funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
También, del Banco de México (Banxico), del Centro de Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital General “Doctor Manuel Gea González”.
Según esos datos, los amparos también provienen de trabajadores y funcionarios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, y de los sindicatos únicos de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros.
De acuerdo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope que tiene como salario el presidente de la República.
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