El avance de la reforma constitucional que propone la desaparición de varios órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), podría fragmentar el “derecho a saber” en México, advierte Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. La iniciativa, que busca transferir las facultades del INAI a diversas secretarías, plantea serias preocupaciones sobre la protección de datos y la transparencia gubernamental.
En entrevista con La Silla Rota, Alcalá explicó que, de prosperar la reforma, las competencias del INAI se repartirían entre la Secretaría de la Función Pública, la de Economía y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros, pero sin una claridad sobre quién asumirá cada responsabilidad. Esta falta de especificidad en la iniciativa podría llevar a un retroceso en la supervisión de cómo el gobierno gasta los recursos públicos y toma decisiones de política.
Alcalá subrayó que la propuesta no solo es incompleta, sino que también podría permitir que la información dependiera de la voluntad de quienes la publican, aumentando el riesgo de que se eliminen datos sin un árbitro independiente que garantice la transparencia. Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM resalta que la iniciativa no detalla quién se encargará de las funciones del INAI y deja a los sujetos obligados la responsabilidad de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
El comisionado también expresó su preocupación por la fragmentación del Sistema Nacional de Transparencia, lo que podría afectar gravemente la salud democrática del país. “En una democracia plena, las personas tienen derecho a preguntar y las autoridades tienen la obligación de responder”, afirmó.
A pesar de estos desafíos, hay un optimismo moderado en el INAI. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, ha señalado que la reforma debe ser discutida con un enfoque diferente al de otras iniciativas recientes. Alcalá mencionó que el INAI está dispuesto a reorganizarse para adaptarse a las necesidades actuales de México, proponiendo una reducción en su estructura y presupuesto.
La propuesta incluye disminuir el número de comisionados de siete a cinco o incluso tres, y reducir su presupuesto en 237 millones de pesos. Estas medidas buscan modernizar la institución, manteniendo su autonomía e independencia, y asegurando la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
