Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto permitieron que la última indagatoria que quedaba abierta en un juzgado federal en contra de Carlos Romero Deschamps prescribiera y fuera sobreseida (desechada), absolviéndolo del delito de peculado.
En la causa penal se le acusaba de “prestar auxilio para distraer de su objeto importantes cantidades de dinero del presupuesto de egresos de Pemex”, que se otorgaron al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), mediante diversos acuerdos y convenios.
La indagatoria abierta por el llamado Pemexgate era la última acusación por este caso que quedaba pendiente de resolverse en tribunales, pero terminó desechada. Según las diversas pruebas recabadas por la PGR, se logró comprobar que mediante la firma de varios convenios se desviaron de Pemex mil 580 millones de pesos, de los cuales 640 habrían terminado en la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000.
En agosto de 2014, un juzgado federal desempolvó y sobreseyó el caso que estaba archivado en espera de que la PGR aportara nuevas pruebas para volver a solicitar la prisión en contra del líder petrolero. Justo esos días en los que Romero Deschamps terminaba por ser exculpado, en el Congreso se aprobaba el último dictamen que concretaba la reforma energética.
En una revisión hecha a las resoluciones de amparos, órdenes de aprehensión y apelaciones contenidas en las causas penales 106/2003 y 107/2003, documentos obtenidos tras diversas solicitudes de información al Poder Judicial, se pudo conocer cómo Romero Deschamps logró quedar impune al amparo de tres gobiernos.
El intocable líder sindical
Tras casi dos años de investigaciones en contra de la cúpula de Pemex y de su líder sindical, el 24 de octubre de 2003, un juez dictó formal prisión contra Romero Deschamps por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de peculado dentro de la causa penal 107/2003.
Ese fallo fue confirmado en una segunda instancia por un tribunal unitario. Sin embargo, el dirigente petrolero nunca pisó la cárcel porque los delitos no eran considerados graves y logró que le otorgaran diversos amparos para enfrentar las acusaciones en libertad,
En junio de 2006, un mes antes de la elección presidencial, Romero Deschamps logró revertir en definitiva su encarcelamiento. Un tribunal le concedió un amparo y echó abajo el auto de formal prisión, además, en julio de ese año se le dictó libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley.
Este fallo, aunque fue una victoria para el líder sindical, no significaba que quedara exculpado. El tribunal le pedía a la PGR que reuniera más pruebas para volver a solicitar que el inculpado fuera llevado a prisión; sin embargo, el Ministerio Público ni siquiera impugnó y tampoco aportó evidencias.
El 17 de julio de 2006, el juzgado en el que se desahogaba el caso le notificó a la PGR —en ese entonces dependiente del Poder Ejecutivo encabezado por Fox Quesada— el fallo donde se revocaba el auto de formal prisión, pero ésta nunca se inconformó en contra.
El caso de Romero Deschamps se había apagado en la opinión pública —sumida esos meses en un crispado ambiente político después de las reñidas elecciones, en las cuales Calderón Hinojosa le ganó a Andrés Manuel López Obrador la presidencia— y al parecer al Ministerio Público tampoco le interesó seguir adelante con la indagatoria, por lo que ésta quedó detenida en espera de nuevas pruebas que nunca llegaron.
En diciembre de 2006 asumió la presidencia Felipe Calderón, pero tampoco reactivó la investigación. Por el contrario, pronto recibió el respaldo del sindicato y encabezó eventos públicos acompañado de Romero Deschamps.
El 18 de marzo de 2007, en un acto en Veracruz para conmemorar la expropiación petrolera, el líder sindical lamentó los “cuestionamientos injustificados” a los que fueron sometidos los trabajadores y la dirigencia sindical en años anteriores, en referencia al Pemexgate: “Hoy, para tranquilidad de todos, ha quedado plenamente reconocido por las autoridades que todas las acciones, negociaciones y convenios que hemos formalizado son plenamente válidos y legales”, dijo ante el Presidente y cientos de trabajadores.
Sin embargo, en la investigación no se le había declarado inocente. En el juzgado la acusación en su contra seguía detenida porque la PGR se había abstenido a aportar más pruebas.
Pese a que ese mismo día en Veracruz el presidente Calderón aseguró que cerraría las puertas a la corrupción en Pemex, durante todo su sexenio la indagatoria estuvo archivada.
El carpetazo con Peña Nieto
En 2014, un juez desempolvó el expediente y dio carpetazo a las acusaciones en contra de Romero Deschamps, lo que coincide con los días en los que el Senado aprobó las leyes secundarias de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.
El 6 de agosto de 2014, el Senado aprobó el último dictamen en materia energética, con lo que quedaba concretada la apertura del sector a la iniciativa privada. Durante el largo debate legis- lativo de ese día el gran ausente fue Romero Deschamps, quien fungía como senador gracias al respaldo del PRI que lo postuló por la vía plurinominal.
Los medios criticaron que Romero Deschamps no acudiera ese día a emitir su postura y que tampoco lo hiciera durante los meses que se discutió la reforma energética, pero Emilio Gamboa justificó su ausencia argumentando que el líder sindical se encontraba con los petroleros explicándoles de qué trataba la reforma energética.
Dos días después, el 8 de agosto de 2014, el titular del juzgado donde estaba detenida la indagatoria desde 2006, declaró extinguida la acción penal en contra de Romero Deschamps, al haber transcurrido los ocho años que marcaba la ley para la prescripción de la acción penal del delito: “Se decreta el sobreseimiento, determinación que tendrá los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada”, se lee en la resolución emitida por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito.
Historia de política electoral
El llamado Pemexgate inició con una denuncia presentada en noviembre de 2001 por la Secretaría de Contraloría (ahora llamada Función Pública), que tras realizar una auditoría encontró que Pemex había otorgado apoyos al sindicato por mil 100 millones de pesos sin fundamento legal de por medio y sin autorización del consejo de administración de la entidad. Luego se encontraron otros apoyos que se sumarían al desvío.
Por este caso fueron investigados diversos funcionarios de Pemex, entre ellos, el exdirector Rogelio Montemayor. También fueron indagados el secretario General del sindicato, Romero Deschamps, y el tesorero Ricardo Aldana, a quienes se les acusó de peculado y peculado electoral, uso indebido de atribuciones y facultades, así como de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En contra del líder petrolero sólo prosperaron dos acusaciones: la de peculado electoral en la causa penal 106/2003, y peculado simple en la causa penal 107/2003, que fueron las que llegaron ante un juez.
La primera orden de aprehensión se libró en la causa penal 106/2003 el 22 de septiembre de 2003.
La evidencia revelaba que Pemex había firmado un convenio con el STPRM para otorgarle un préstamo por 640 millones de pesos. Los recursos fueron entregados y depositados en una cuenta del sindicato, de la cual retiraron los fondos en efectivo que habrían ido a parar a la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida.
“De acuerdo con las constancias de autos, las personas autorizadas [para el retiro] no mantenían vínculo alguno con el sindicato, eran ajenas a la citada organización gremial. En cambio, existe evidencia suficiente que permite establecer un vínculo formal entre éstas y el PRI, concretamente en las secretarías de Administración y Finanzas del CEN”, se lee en el expediente.
La segunda orden de aprehensión en contra de Romero Deschamps fue librada el 30 de septiembre de ese año en la causa penal 107/2003 por peculado, al considerar el juez que éste prestó auxilio para distraer de su objeto importantes cantidades de dinero del presupuesto de Pemex, que se otorgaron al sindicato mediante la firma de diversos convenios y acuerdos.
“Estos instrumentos permitieron que los directivos de la entidad concretaran su propósito delictivo, previa solicitud del indiciado, en su calidad de secretario General del STPRM, pues con su colaboración permitió que sus coindiciados distrajeran fondos públicos para usos ajenos a la entidad paraestatal”, se lee en la causa penal.
La causa penal 106/2003 que se le seguía por peculado electoral tampoco llegó a una fase de sentencia porque a mediados de 2011, el expediente fue sobreseido, ya que habían transcurrido los cinco años que la ley prevé para la prescripción de la acción penal.
Después de que en octubre de 2003 un juez dictara formal prisión a Romero Deschamps por peculado electoral, éste buscó protegerse a través de diversos amparos y finalmente en junio de 2006 logró que echaran abajo el fallo de formal prisión. Aún le quedaban pendientes los cargos de peculado.
La resolución judicial nunca fue impugnada y la PGR —en ese entonces en el sexenio de Calderón Hinojosa— nunca presentó nuevas pruebas para volver a solicitar que fuera llevado a prisión, hasta que el 19 de julio de 2011, al transcurrir los cinco años que marca la ley, un juez declaró el sobreseimiento de la causa, archivando definitivamente el asunto. Lo mismo sucedería tres años después con la causa penal 107/2003. El 8 de agosto de 2014 el juez decidió declarar el sobreseimiento, lo que significa que Romero Deschamps terminó absuelto. El líder sindical renunció a su cargo a mediados de octubre de 2019, después de 26 años al frente de los petroleros. Actualmente enfrenta dos acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en este gobierno.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
