MRS / Revista Punto de Vista / 26 de septiembre 2025
La reciente declaración de la senadora Ruth González Silva, quien se perfila como la principal aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, ha encendido el debate público sobre los límites y alcances de las reglas internas de los partidos y el derecho constitucional a ser votado.
Al señalar que el “candado antinepotismo” de Morena no aplica en los estatutos del Verde, la legisladora defiende una postura legítima: la decisión final corresponde a la ciudadanía. No se trata únicamente de un asunto legal, sino de un principio democrático fundamental. En efecto, todos los mexicanos tienen derecho a aspirar a un cargo de elección popular, y es el electorado quien define, con su voto, si avala o no un proyecto político.
El estado atraviesa un momento particular. La gestión de Ricardo Gallardo Cardona, esposo de la senadora, goza de altos niveles de aprobación ciudadana, lo cual influye directamente en el capital político del Partido Verde. Este respaldo popular puede traducirse en una plataforma sólida para Ruth González Silva, cuya cercanía con el actual gobernador es vista tanto como una fortaleza —por la continuidad de políticas y programas— como una debilidad, al ser señalada por sectores opositores como un posible caso de relevo dinástico.
Sin embargo, conviene recordar que la política local se encuentra enmarcada por una competencia cada vez más plural. El Verde, que históricamente había sido considerado un aliado de fuerzas mayores, ha consolidado en San Luis Potosí un peso específico que lo habilita a competir con o sin coalición. La propia senadora lo reconoce: lo ideal es mantener la alianza con Morena y el PT, pero el PVEM está listo para caminar solo si es necesario.
Apoyar la postura de González Silva no implica ignorar los cuestionamientos que giran en torno a su candidatura, sino entender que la democracia no puede reducirse a candados partidistas. El electorado es suficientemente maduro para evaluar trayectorias, propuestas y resultados. En este sentido, la senadora acierta al subrayar que “la gente es la que va a decidir”.
La política potosina, como la del país entero, requiere reglas claras, pero también apertura. Limitar candidaturas únicamente por vínculos familiares sin considerar la trayectoria individual puede resultar en una medida restrictiva que, lejos de fortalecer la democracia, la empobrece.
Ruth González Silva representa hoy una figura con viabilidad política real. Su cercanía con el actual gobernador no debe ser vista como un impedimento automático, sino como un factor más dentro del análisis ciudadano. Si cuenta con el respaldo popular y logra articular un proyecto propio, con identidad clara y propuestas que atiendan los retos del estado —seguridad, desarrollo económico, bienestar social—, su aspiración no solo es válida, sino necesaria dentro de un juego democrático plural.
En 2027, más allá de candados partidistas, corresponderá al pueblo de San Luis Potosí decidir si confía en ella para dar continuidad a un proyecto político o si apuesta por una alternativa distinta. Lo verdaderamente importante será que la elección se defina en las urnas, con votos libres e informados.
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