MRS / Revista Punto de Vista / 08 de Julio 2025
San Luis Potosí enfrenta una crisis humanitaria en sus hospitales y clínicas. Esta afirmación no es una exageración, sino la descripción exacta de la realidad que viven miles de potosinos cuyo derecho fundamental a la salud está siendo vulnerado de forma sistemática. El diagnóstico es claro y devastador: el sistema de salud estatal ha colapsado, y las respuestas del Gobierno Federal son insuficientes y tardías, lo que agrava el sufrimiento de la población.
El desabasto crónico de medicamentos es el síntoma más visible y doloroso de esta crisis. Cada mes, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer, así como quienes requieren tratamientos vitales, deben peregrinar en busca de los insumos que el sistema les niega. Esta situación no es un simple problema logístico; es una negligencia que pone vidas en riesgo. La promesa federal de garantizar el abasto universal sigue siendo, para muchos en San Luis Potosí, un espejismo. ¿Dónde está el operativo de emergencia? ¿Dónde la rendición de cuentas por este fracaso continuo?
La crisis no termina en la falta de medicamentos. Acceder a una consulta médica se ha vuelto una carrera de obstáculos frustrante y dolorosa. Las citas programadas con seis meses de anticipación, o incluso más, se han convertido en la norma. Para una persona con dolor crónico, una lesión incapacitante o la angustia de un posible diagnóstico grave, esperar medio año es una eternidad. Estos retrasos no solo prolongan el sufrimiento, sino que transforman condiciones tratables en emergencias costosas y complejas. Al no actuar a tiempo, el sistema genera su propia saturación.
Y cuando finalmente se logra una consulta, la experiencia muchas veces es deficiente e incluso inhumana. La saturación extrema de las instalaciones, la falta de personal y la desmotivación de muchos trabajadores de la salud —también víctimas del sistema roto— provocan un trato frío, largos tiempos de espera, falta de seguimiento y, en el peor de los casos, una sensación de abandono. En medio de la burocracia y la desesperanza, la dignidad del paciente se pierde.
Esta situación no puede continuar. Exigir atención médica no es un privilegio, es un derecho constitucional. La responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema de salud pública, asegurar el abasto de medicamentos y ofrecer atención médica oportuna recae en el Gobierno Federal. La estrategia actual ha fracasado en San Luis Potosí y se requieren acciones inmediatas.
Es urgente establecer un plan de emergencia federal, transparente y con mecanismos de auditoría, para resolver el desabasto de medicamentos en el estado, con fechas claras y una distribución eficiente. Es indispensable reducir los tiempos de espera con recursos extraordinarios que permitan contratar más personal, habilitar espacios adecuados y utilizar mejor la tecnología. También se deben implementar programas de apoyo y capacitación para el personal de salud, que promuevan el trato digno y humano, y que atiendan el desgaste emocional que enfrentan día a día. Además, es necesaria una coordinación efectiva entre el gobierno federal y estatal, en la que la federación asuma un rol activo, responsable y resolutivo, y no solo supervise a la distancia.
San Luis Potosí no puede seguir esperando. Cada día de retraso, cada medicamento que falta y cada cita que se pospone por meses deteriora la salud de los ciudadanos y mina su confianza en las instituciones. El colapso ya es una realidad. La emergencia es ahora. El Gobierno Federal debe actuar con la urgencia que esta crisis humanitaria exige. La salud y la vida de los potosinos no pueden seguir siendo una promesa vacía. Es tiempo de dejar los diagnósticos y empezar el tratamiento.
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