El comisionado Joel Salas Suárez dijo que las personas afectadas por los recortes “tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones”.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe entregar los documentos que sirvieron de base para analizar el reajuste a su estructura organizacional, con el fin de evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
La resolución se dio luego de que un particular solicitó conocer el análisis organizacional mencionado en el comunicado que emitió el SAT, el 21 de diciembre de 2018, para informar del reajuste propuesto por sus Administraciones Generales a las distintas unidades administrativas con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones.
En respuesta, el SAT indicó que no contaba con un análisis organizacional de manera literal, sólo con los documentos que sirvieron de base para dicho propósito; sin embargo, los reservó por un periodo de un año.
Argumentó que la estrategia de reestructura para cumplir con el plan de austeridad republicana se está ejecutando, por lo que, de dar a conocer la información, se podría perjudicar la estructura organizacional definitiva de la institución.
Asimismo, señaló que se afectarían las garantías del debido proceso, al violentar las prerrogativas de imparcialidad, así como la adecuada y oportuna defensa de las partes involucradas en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de los que el SAT es parte.
Inconforme con la reserva de los documentos, el particular interpuso un recurso de revisión ante el Inai. En alegato, el SAT reiteró su respuesta inicial.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, se determinó que la reserva de los documentos no es procedente.
Se concluyó que dar a conocer la información no afecta la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso correspondientes al SAT, en su calidad de autoridad responsable en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales.
Por el contrario, se advirtió que difundir la información permite a las partes involucradas en dichos procedimientos estar en igualdad de condiciones para definir sus estrategias procesales y medios de defensa.
En ese sentido, el pleno del Inai revocó la respuesta del SAT y le instruyó proporcionar al particular versión íntegra de los documentos que sirvieron de base para analizar el reajuste efectuado a la estructura organizacional del sujeto obligado.
Al presentar el caso ante el Pleno, Salas Suárez afirmó que “en un Estado fuerte todas las decisiones se toman basadas en evidencia y esa evidencia debe ser conocida por todas y todos. La transparencia fortalece el Estado, no lo debilita”.
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Refirió que en los primeros tres meses del nuevo gobierno más de 5 mil empleados de 17 dependencias federales fueron separados o renunciaron a sus cargos; en el SAT fueron despedidos alrededor de 2 mil empleados de oficinas locales.
“Las personas afectadas por los recortes, ya sea porque renuncian a su puesto o le reducen el sueldo, tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones. Es la única forma de despejar la sospecha de arbitrariedad, o bien, de improvisación”, subrayó el comisionado Salas.
Fuente: http://www.aristeguinoticias.com
