Ciudad de México, México.- Con una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación incluidas en el Paquete Económico 2026, el Gobierno federal busca endurecer las medidas contra la evasión fiscal de personas morales y otorgar mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La iniciativa presentada contempla modificaciones, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación con el objetivo de normar y sancionar la emisión de comprobantes fiscales falsos, así como frenar el daño económico que estas prácticas ocasionan al erario público.
Entre las propuestas se encuentra la posibilidad de cancelar o negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales que hayan sido identificadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
El documento sostiene que, aunque el SAT ha combatido durante años la proliferación de facturas apócrifas, los esquemas se han vuelto más complejos y sofisticados, dificultando su detección en etapas tempranas. Por ello, se propone atacar desde el origen, limitando la inscripción de contribuyentes que presenten antecedentes vinculados a estas prácticas.
La reforma permitiría al SAT negar la inscripción en el RFC si detecta que el representante legal, socios, accionistas u otros integrantes de una empresa han recurrido al uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin demostrar su materialización. También aplicaría para compañías señaladas como emisoras de facturas falsas o con créditos fiscales pendientes.
Con esta medida, se busca evitar que los contribuyentes que incurren en operaciones indebidas utilicen otras personas morales para continuar con prácticas de evasión. Además, la iniciativa plantea nuevas facultades de comprobación, como visitas domiciliarias con plazos abreviados y la suspensión inmediata de la facturación a empresas investigadas por emitir comprobantes fiscales presuntamente falsos.
El Gobierno federal argumenta que estas reformas permitirán cerrar espacios de impunidad fiscal y fortalecerán los mecanismos de recaudación, con el fin de reducir la evasión y mejorar el cumplimiento tributario en el país.
