La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados y senadores de oposición en contra del decreto que declara al Tren Maya y al Corredor Transístmico como asuntos de seguridad nacional y otorga la facultad de su administración a las Fuerzas Armadas.
Estos casos han sido asignados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien será responsable de analizar las denuncias y presentar al pleno un proyecto de sentencia en las próximas semanas.
Los legisladores de oposición impugnan el decreto que modifica el artículo tercero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, añade un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y agrega el artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Estas modificaciones permiten la asignación indefinida de las vías generales de comunicación y los modos de transporte a entidades paraestatales, sin la posibilidad de cesión o transferencia bajo ninguna circunstancia. Solo podrán ser suspendidos cuando se demuestre que no son estratégicos o de interés público.
El decreto en cuestión fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo, y desde entonces ha generado controversia y críticas por parte de la oposición, que considera que esta medida otorga un poder excesivo a las Fuerzas Armadas y pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas en los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico.
La admisión a trámite por parte de la SCJN representa un primer paso en el proceso de revisión de la constitucionalidad de este decreto, y se espera que las próximas semanas sean clave para determinar si estas acciones de inconstitucionalidad prosperarán o no.
