La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro de la controversia tras proponer analizar un recurso presentado por juzgadores en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto, liderado por el ministro Juan Luis González Alcántara, ha enfrentado una fuerte oposición, incluyendo tres votos en contra, destacando la postura de la ministra Lenia Batres.
Durante la sesión del 3 de octubre, Batres argumentó que el análisis de la controversia significaría un “golpe de Estado”, advirtiendo que la Corte se estaría arrogando atribuciones que no le corresponden. “Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional y la división de poderes”, afirmó, subrayando que tal acción podría transformar a la Corte en un “supremo poder conservador”.
La ministra enfatizó que ningún poder constituido puede operar fuera del marco que la Constitución establece para su competencia. Según Batres, someter a control constitucional las labores del Poder Legislativo es inaceptable, ya que se cumplieron todos los requisitos necesarios para realizar las modificaciones en la Constitución en materia judicial.
Además de Batres, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz también expresaron su oposición al análisis de la controversia. En contraste, el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó la falta de interés de las tres ministras en los posibles daños que la reforma podría causar, planteando un escenario hipotético sobre la prisión vitalicia para mujeres que interrumpan su embarazo y sugiriendo que las juezas deberían tener la oportunidad de reflexionar sobre tales decisiones.
