La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el Decreto de reformas a diversas leyes electorales, conocido como la segunda parte del “Plan B” electoral. El proyecto, presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, busca declarar la invalidez de esta iniciativa debido a violaciones graves al procedimiento legislativo.
Se argumenta que durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en irregularidades que son suficientes para invalidar el decreto en su totalidad. Estas violaciones se basan en la doctrina jurisprudencial sostenida por la Corte en más de 30 asuntos, que establece los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.
En este caso particular, se han identificado graves violaciones adicionales al proceso legislativo que no habían sido mencionadas anteriormente. Se ha constatado que la versión modificada de la iniciativa fue introducida en la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sin notificar a los legisladores sobre la sustitución y las modificaciones realizadas.
Además, se ha observado que las Cámaras realizaron modificaciones a artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, lo cual está prohibido por la Constitución Federal. El artículo 72, inciso E, establece claramente que no se deben revisar los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras.
El proyecto concluye que todas estas violaciones en conjunto afectaron significativamente la participación activa e informada de los legisladores en la deliberación de las normas sometidas a votación. Por lo tanto, se considera que son suficientes para invalidar el decreto en su totalidad.
La segunda parte del “Plan B”, promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contiene cambios importantes en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), como la reducción de los salarios de los consejeros, la eliminación de fideicomisos, la destitución del secretario ejecutivo y la implementación de nuevas reglas para los partidos políticos.
