La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que instituye la obligatoriedad de que, en casos de violación, todos los hospitales públicos deben garantizar el acceso al aborto a menores de edad de 12 a 17 años, aún si no interpusieron una denuncia penal o no cuentan con el permiso de sus padres.
Con mayoría de nueve votos, las ministras y ministros de la Corte desecharon dos controversias constitucionales interpuestas por los congresos de Aguascalientes y Baja California, que argumentaban que las modificaciones a las normas en material de salud se realizaron sin respetar sus competencias locales.
Estos argumentos fueron considerados como infundados y se desecharon durante la sesión del martes de la Corte.
Aunque la Corte avaló la NOM-046 en agosto de 2019 y ordenó que los hospitales públicos interrumpieran los embarazos resultados de violación sin de una denuncia ante el Ministerio Público, esta decisión fue impugnada por los estados mencionados.
Durante la sesión del martes, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, afirmó que la modificación de la NOM cumplió con los procedimientos para su modificación, y enfatizó en que “no puede aducirse válidamente una invasión de competencias cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que los derechos humanos de las víctimas”.
“La víctima no suele denunciar por el estigma, aunado a la naturaleza traumática que genera. La interrupción del embarazo en caso de violación constituye una medida que tiende acatar las obligaciones constitucionales y convencionales en caso de violencia contra las mujeres”, expresó el ministro Aguilar Morales.
En contraste, el ministro Mario Pardo Rebolledo insistió en que se incumplieron los procesos formales en la modificación de la NOM.
“Sigo pensando que al haberse realizado una modificación a la NOM impugnada, sin seguir el procedimiento respectivo, está resulta inválida sin que sea posible subsanar esas irregularidades aduciendo los beneficios y las causas que llevaron a la secretaría de salud actuar en ese sentido”, expuso.
Loreta Ortiz fue una de las ministras que votaron a favor del proyecto, al considerar que la modificación de la Norma cumplió con los mandatos constitucionales, pero que además tiene como objetivo último proteger los derechos de las mujeres.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, también respaldó el proyecto de Aguilar Morales. Durante su argumentación sostuvo que, por más de una década, ha defendido el derecho constitucional a interrumpir el embarazo en varios supuestos, “entre ellos el caso de violación”.
