La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha notificado al Poder Legislativo su decisión de invalidar la primera parte del llamado ‘Plan B’ electoral. Esta medida se adoptó en una votación realizada el pasado lunes por 9 de los 11 ministros que conforman el Pleno de la Corte. La invalidación se basa en graves violaciones del procedimiento legislativo en las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán recibió el respaldo de la mayoría del Pleno de la SCJN, lo que llevó al secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad a comunicar la determinación judicial a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a través de los oficios 5502 y 5503 respectivamente.
El diputado Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, confirmó la recepción del documento y compartió una copia en su cuenta de Twitter. MC fue uno de los promoventes de la acción de inconstitucionalidad que derivó en la anulación de las reformas aprobadas en diciembre de 2022.
Según se indica en el oficio publicado por el legislador, la declaratoria de invalidez comenzará a surtir efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión. El diputado Castañeda celebró la decisión de la SCJN y destacó la importancia de la división de poderes en México.
Sin embargo, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó su desacuerdo con la resolución de la SCJN, considerándola un atropello al Poder Legislativo. Mier Velazco, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, lamentó que la Corte esté imponiendo “un gobierno de jueces” y convirtiendo al Poder Judicial en “activistas políticos”.
El presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, también rechazó la decisión de la SCJN en sus redes sociales, argumentando que los Poderes de la Unión deben estar con el pueblo de México y no con intereses particulares o élites antidemocráticas.
La mayoría de los ministros de la Corte respaldaron el proyecto de Pérez Dayán para resolver las impugnaciones presentadas por varios partidos políticos y miembros de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Los ministros coincidieron en que el Congreso de la Unión violó los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal en el procedimiento legislativo.
