La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, desechó dos recursos presentados por juzgadores que buscaban la intervención del alto tribunal ante la reforma al Poder Judicial en México. En el primer caso, un grupo de trabajadores del estado de Tabasco solicitó a la Corte que defendiera la división de poderes y la autonomía de los juzgadores, argumentando que la SCJN tiene la obligación de analizar la constitucionalidad de los actos relacionados con la reforma judicial. Esta petición fue rechazada el pasado 5 de septiembre.
En otro recurso, Mónica Vianney Pereda Gutiérrez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Culiacán, pidió que la SCJN se pronunciara sobre la violación de una suspensión que buscaba frenar la discusión de la reforma. Piña también desestimó esta solicitud, indicando que corresponde al juzgado que otorgó la suspensión tomar decisiones al respecto.
A pesar de estas decisiones, los 11 ministros de la Corte acordaron levantar el paro laboral que comenzó el 3 de septiembre, programando su reanudación para el 17 de septiembre, tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este trámite se llevará a cabo el 15 de septiembre, después de que la reforma fue aprobada en más de 16 Congresos estatales y en las cámaras de Diputados y Senadores.
Mientras tanto, la SCJN mantendrá guardias y atenderá asuntos urgentes, como amparos en los que los quejosos estén privados de libertad, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en materia electoral. En una sesión reciente, la ministra Yasmín Esquivel aclaró que el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial es un asunto que debe ser tratado por el Consejo de la Judicatura Federal.
Por su parte, la ministra Lenia Batres propuso crear una mesa de transición para abordar las reformas necesarias en la legislación secundaria, asegurando que cualquier propuesta debe ser consensuada entre los ministros para garantizar la viabilidad de la función jurisdiccional en el nuevo marco constitucional.
