La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud de la ministra Lenia Batres para que los asuntos fiscales pendientes de resolución sean discutidos y votados en sesiones públicas del pleno del tribunal. Esta propuesta buscaba que temas fiscales de gran relevancia, que involucran montos millonarios para el erario público, fueran tratados con mayor transparencia y en un foro abierto, en lugar de en las salas que sesionan de manera privada.
La petición de Batres se fundamentaba en la importancia y trascendencia de estos casos, que suman créditos fiscales por más de 47 mil millones de pesos y que, según ella, afectan directamente el interés fiscal de la Federación. La ministra argumentó que la discusión en el pleno permitiría que los argumentos y votos de cada ministro fueran públicos, garantizando así mayor claridad en la toma de decisiones. Sin embargo, la mayoría de los ministros rechazó esta propuesta, con ocho votos en contra y solo dos a favor.
Esta decisión implica que la mayoría de los litigios fiscales continuarán resolviéndose en sesiones privadas de las salas, lo que mantiene la opacidad en la discusión de estos casos. La ministra Batres había expresado su preocupación por la falta de transparencia, especialmente ante la inminente desaparición de las salas el 31 de agosto, fecha en la que todos estos asuntos deberán ser resueltos por el pleno.
Un caso emblemático que motivó la petición fue la negativa de Batres a asistir a una sesión en la que se iba a votar un proyecto que permitiría una deducción fiscal millonaria a una empresa, lo que, según ella, representaría una pérdida significativa para el erario. La negativa de la Corte a discutir estos asuntos en el pleno ha generado críticas sobre la falta de apertura y transparencia en la resolución de temas fiscales de alta relevancia para el país.
La SCJN mantiene la práctica de resolver la mayoría de los casos fiscales en sesiones privadas, pese a las advertencias sobre la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en estos procesos que impactan las finanzas públicas y la confianza ciudadana en la justicia.
