La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió un fuerte impulso hacia la austeridad con el anuncio del nuevo presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien destacó la necesidad de revisar y hacer ajustes en las pensiones vitalicias que reciben los ministros retirados. Estos haberes, regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, garantizan a los ministros retirados un “haber por retiro” vitalicio que equivale al 100 por ciento de su salario durante los primeros dos años y al 80 por ciento posteriormente, con montos que pueden superar los 200 mil pesos mensuales.
Ministros en retiro que han estado más de 15 años en funciones, como Norma Piña y Javier Laynez, perciben pensiones mensuales aproximadas de 223 mil pesos antes de impuestos durante sus primeros dos años de retiro. Después de ese periodo, la pensión disminuye al 80 por ciento. Sin embargo, con la reciente reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha modificado el esquema para los nuevos ministros, quienes podrían perder el derecho a pensión si no renuncian antes de la fecha límite establecida.
Hugo Aguilar adelantó que se está planteando una revisión exhaustiva de estos beneficios para eliminar gastos excesivos y adaptar las prestaciones a la realidad económica del país. Además, su propuesta incluye que ninguno de los ministros y jueces gane más que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acorde con el artículo 127 constitucional, lo que permitirá un ahorro estimado de 300 millones de pesos anuales.
Estas medidas forman parte de un plan más amplio para sanear el Poder Judicial, eliminar privilegios y hacer que la justicia sea más accesible, transparente y responsable con el erario público. Además, los ministros y ministras de la nueva Corte acordaron eliminar apoyos como el seguro de gastos médicos mayores y pasar a recibir atención médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
