Este lunes 1 de julio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de todos los amparos pendientes de resolución en cualquier Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado del país, cuyo tema de fondo sea la validez de la prisión preventiva. La decisión fue confirmada por la ministra Lenia Batres, tomada durante una sesión privada del pleno de ministras y ministros del Tribunal Constitucional, donde estuvieron ausentes los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo.
La ministra Batres explicó que esta medida precautoria es necesaria ya que la SCJN tiene programada la resolución de varios juicios constitucionales que definirán los alcances de la prisión preventiva en relación con las convenciones internacionales sobre derechos humanos firmadas por México. Con esta decisión, se busca evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos contradictorios con el criterio general que establecerá la Suprema Corte.
En una tarjeta informativa, Batres detalló que la suspensión permitirá dar seguridad jurídica a las personas con procesos pendientes sobre la prisión preventiva. A partir de esta medida, todos los asuntos relacionados con las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa deberán seguir el supuesto establecido en la resolución de la contradicción de tesis 293/2011, que establece la relación entre las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La suspensión de los amparos ocurre en un contexto donde el Congreso de la Unión lleva a cabo parlamentos abiertos y discusiones sobre la reforma al Poder Judicial, impulsada por Morena y sus aliados. Esta reforma, que se debatirá en el próximo periodo de sesiones en septiembre, incluye propuestas como la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, así como la creación de un organismo de vigilancia hacia los ministros de la SCJN.
