“Me presenté por oficio a la sede de la Coordinación Regional de la Agencia de Investigación Criminal, donde el jefe regional de la unidad administrativa de esta dependencia me informó que a partir del 1 de enero del 2022 se terminaría la relación jurídico administrativa que me une con la fiscalía, debido a un nuevo modelo institucional. También me dijo que tendría que firmar mi renuncia voluntaria y recibir el dinero que me estaban ofreciendo porque no habría forma de evitar mi separación del cargo”. Este es el relato de un agente de la policía ministerial al que fue anunciado su cese el pasado 28 de diciembre.
Como él, agentes del Ministerio Público, peritos y policías de diversas delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron en los últimos días citatorios para presentarse en las oficinas de la institución y allí fueron notificados de su inminente despido, que se hará efectivo el próximo 1 de enero.
Según los oficios recibidos por algunos de los afectados, la razón de los ceses es que las plazas serán “suprimidas” por “razones presupuestales” y ante el nuevo modelo al que se transita y para conformar la nueva estructura de la FGR. Es decir, que a partir del sábado la plaza que ocupan dejará de existir, por lo que se quedarán sin empleo.
“Ante este escenario, pregunté si se me daría la oportunidad de ser oído y vencido en un procedimiento administrativo, pero me indicó que la baja sería inmediata e irrevocable a partir del primer día del siguiente año”, prosigue su relato, incluido en uno de los cinco amparos de los que Animal Político ha tenido conocimiento.
En los próximos días un juzgado de distrito deberá pronunciarse sobre si mantienen su empleo hasta el momento en el que la justicia aborde el fondo del asunto.
“Es una decisión totalmente ilegal. La única forma de concluir el servicio es la muerte, separación de cargo o renuncia. No hay ninguno de estos supuestos”, dijo Reyna Velasco, abogada que representa a algunos de los agentes afectados.
Oficialmente no se ha hecho público el número de funcionarios que la institución que dirige Alejandro Gertz Manero tiene intención de destituir. Este medio tuvo conocimiento de despidos en las oficinas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Michoacán, aunque podrían haberse registrado por toda la República. Según pudieron saber algunos afectados, se trataría de un plan progresivo que, en un primer momento, afectaría a unos 250 elementos, pero que llegaría hasta cerca del millar.
Los oficiales despedidos serían, en su mayoría, policías ministeriales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aunque también habría peritos y agentes del Ministerio Público, según explicó Iván Chávez, abogado de la asociación civil Ciudadanos Uniformados AC y que representa a varios de los funcionarios despedidos. La AIC tiene aproximadamente 1 mil 500 elementos, por lo que los despidos, si se completan, supondría desmantelar casi por completo la dependencia.
