El camino hacia la extensión de la presencia del Ejército en las calles de México parece cada vez más despejado mientras que las grietas entre la oposición no paran de crecer. El PRI cumplió su palabra y este miércoles votó en el Congreso a favor de la medida, propuesta la semana pasada desde las filas la propia formación, arropados por el grupo de Morena y sus socios. La iniciativa de mantener a los militares en las funciones de seguridad pública hasta 2029 ha provocado un terremoto en el interior de la alianza opositora formada por el PAN, el PRD y el PRI, que amenaza con derrumbar definitivamente la coalición. El resto de socios anunciaron la semana pasada su “suspensión temporal”, pendientes de los siguientes pasos del PRI. Con la votación de este miércoles, se acerca aún más el final.
Hoy mismo, poco antes de la votación en la Cámara, que se resolvió por 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, los coordinadores del PAN y el PRD lanzaron otro mensaje con tono de ultimátum. “Hacemos un último llamado, humilde, respetuoso, no sé si ingenuo, pero respetuoso llamado a los todavía aliados del PRI para que recapacitemos al respecto. Para que encontremos las maneras, la fórmula, entre todos en la coalición, de despartidizar el tema de seguridad”, expuso el panista Jorge Romero.
El anuncio tuvo su réplica desde la orilla del PRI de parte de su coordinador de bancada, Rubén Moreira, que defendió la estrategia de afianzar la militarización de la seguridad como una convicción genuina de su partido: “Lo que afecta a México es dejarlo sin Ejército, es con el narco o con el Ejército, esa es nuestra frase”, para después añadir que espera “que no se rompa la Alianza”. “Yo hago votos porque no se rompa la Alianza, hay muchas batallas que dar, pero tampoco se vale que si nosotros estamos convencidos de algo se nos quiera forzar”, ha expresado.
Desde que el grupo del PRI en el Congreso lanzó la iniciativa, el PAN y el PRD han respondido indignados al considerar que el PRI le está siguiendo el juego a Morena en la columna vertebral de su política de seguridad. Cada vez más voces opositoras sostienen que la lógica detrás de este movimiento es un acuerdo del presidente del PRI, Alejandro Moreno con el que busca tanto blindarse ante las investigaciones judiciales que enfrenta, como frente a las propias presiones dentro de su partido por derrocarlo.
La panista Joanna Alejandra Felipe, por ejemplo, afirmó que la reforma no tiene justificación legal. “No responde a una situación extraordinaria, es decir, no se aplica de manera temporal, excepcional o restringida, pues es la única estrategia entre comillas que ha implementado el Gobierno federal en su sexenio”. En 2020, el segundo año del sexenio, López Obrador ya blindó en una ley la presencia del Ejército en las calles, una petición recurrente de la cúpula castrense. La polémica medida tenía como plazo 2024, el final de su mandato, pero ahora está sobre mesa su extensión. Quienes apoyan la medida la justifican diciendo que la Guardia Nacional, el cuerpo policial recién integrado en la Sedena, necesita más tiempo para llevar a cabo la transición.
