La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este martes que se está brindando seguridad a 465 candidatos y 4 funcionarios electorales en todo el país. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, explicó que la medida responde a solicitudes del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar un proceso electoral seguro y libre de incidentes.
“Una de las solicitudes que generó el INE fue la seguridad a los candidatos. A la fecha, tenemos 469 servicios de seguridad a diferentes candidatos, incluyendo a los aspirantes a la Presidencia de la República, gubernaturas de estados, senadurías y diputaciones federales”, declaró Sandoval. “Además, se ha extendido la seguridad a candidatos a diputados locales y presidentes municipales, así como a funcionarios relacionados con el proceso electoral”.
Para cumplir con esta tarea, se han desplegado 2,912 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Estos efectivos están encargados de proteger a los candidatos que solicitaron seguridad a través del INE. El general Sandoval también señaló que algunos candidatos han decidido desistir de esta protección, aunque no especificó cuántos.
Durante la presentación, el funcionario mostró una gráfica que destacaba la distribución de los elementos de seguridad. Además de los 2,912 elementos dedicados a la protección de candidatos y funcionarios, otros 4,959 elementos están enfocados en la protección de instalaciones, documentación y talleres relacionados con los comicios. Estos esfuerzos están dirigidos a garantizar la seguridad integral del proceso electoral, desde la preparación hasta la realización de las elecciones.
En total, más de 7,800 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están involucrados en estas operaciones de seguridad electoral. “Estamos cubriendo la seguridad de estos candidatos y asegurando que las elecciones se lleven a cabo de manera ordenada y segura”, concluyó Sandoval.
Estas medidas de seguridad se suman a otras iniciativas del gobierno para asegurar que las elecciones se realicen sin contratiempos, en un contexto en el que la seguridad de los candidatos ha sido una preocupación creciente debido a la violencia política en el país.
