La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019.
Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021.
Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.
Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas.
Además, se tiene documentada la existencia de una carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018, en la que informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la extinta Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año lo sería Comercializadora Antsua.
En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Antsua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría comprar la tecnología únicamente con esa empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.
Dos días después de la publicación, la Sedena reconoció que se realizó la compra de Pegasus, pero aseguró que fue en el sexenio pasado y que se utilizó entre junio de 2011 y agosto de 2013 “única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
Sin embargo, en su respuesta, la Sedena no mencionó a la empresa Comercializadora Antsua y ahora se sabe la cantidad precisa que le pagó solo en 2019.
Gracias a la obtención de información por parte de Guacamaya, ahora se conoce que sí hubo una contratación a la empresa representante de Pegasus en la actual administración.
En el primer procedimiento de contratación, con número 1079763, la Sedena le pagó 46 millones 409 mil pesos, mientras que por el segundo, número 1079770, le entregó 13 millones 601 mil pesos.
La información se desprende de un correo electrónico enviado por un funcionario de la Sedena el 24 de diciembre de 2019 a otra funcionaria, solicitando la realización de los pagos cuya relación adjuntó en un archivo con las “CLC actualizadas”.
La Sedena no reportó estas contrataciones en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), obligación que establece la Ley General de Transparencia. También los ocultó a ciudadanos, pues en solicitudes de información realizadas para esta investigación, respondió que no había realizado contratos con dicha empresa.
Incluso, es posible que exista otra contratación de 2020, pues la Auditoría Superior de la Federación envió un correo electrónico a la Sedena —localizado también en la información del grupo Guacamaya— para insistir a la dependencia que le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020.
“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal (…) se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército no espiaba, sino que hacía “labores de inteligencia” y que haría pública la información respecto de la contratación con Comercializadora Antsua, pero hasta el momento no lo ha hecho.
