El Senado de México aprobó la desaparición de siete organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con 26 votos a favor y 11 en contra. La decisión fue impulsada por la mayoría oficialista y ha suscitado fuertes críticas de la oposición, que advierte sobre la falta de transparencia y el potencial impacto negativo en las inversiones en el país.
La iniciativa, presentada en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum (2024-2030), busca reincorporar las funciones de estos órganos a la administración pública federal. Los defensores de la reforma argumentan que esto permitirá hacer más eficiente el servicio público y evitar la duplicidad de funciones entre diferentes organismos y dependencias.
Sin embargo, la inclusión de la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha generado preocupación entre los inversionistas. La priista Carolina Viggiano advirtió que la eliminación de estos organismos podría afectar los compromisos de México en tratados internacionales, lo que podría acentuar la incertidumbre económica.
Alejandra Barrales, del partido Movimiento Ciudadano, también expresó su inquietud sobre el impacto de estas decisiones en un entorno ya complicado para la inversión en el país.
En defensa de la reforma, el senador Ignacio Mier argumentó que se busca restaurar el régimen republicano y desmantelar un “andamiaje simulado” que beneficia a intereses particulares y a la oligarquía. Por su parte, el ecologista Waldo Fernández aseguró que la medida no es una ocurrencia, sino una reestructuración necesaria del aparato gubernamental para adaptarse a las nuevas realidades del país.
La desaparición de estos organismos forma parte de un paquete de 20 reformas enviadas a inicios de año por López Obrador, que incluye también la polémica reforma judicial y la militarización de la Guardia Nacional, lo que ha intensificado el debate sobre el futuro del sistema político y administrativo en México.
