Ciudad de México, México.- Por unanimidad de 33 votos, incluidos los de la oposición, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la expedición de una nueva Ley General contra la Extorsión, que contempla penas de 15 a 25 años de prisión para quienes exijan cobro de piso, realicen amenazas telefónicas o intimiden a personas mediante redes de control social. El dictamen será discutido este miércoles en el Pleno del Senado.
Durante la sesión, se realizaron ajustes a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Uno de los cambios centrales fue elevar la penalidad, ya que la propuesta original —de 6 a 15 años de cárcel— podía permitir beneficios de libertad anticipada en entidades que contemplan sanciones más altas. Con el nuevo rango, se garantiza que el delito tenga un castigo uniforme y más severo en todo el país.
La iniciativa establece que, para quienes sean sentenciados por extorsión, no habrá acceso a libertad anticipada, sustitución de pena, conmutación o cualquier beneficio que reduzca la condena. “A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí o para otro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de quince a veinticinco años de prisión y multa de trescientas a quinientas UMAs”, señala el dictamen.
La propuesta fue respaldada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, aunque la senadora panista Guadalupe Murguía cuestionó que no se haya calculado el presupuesto necesario para crear unidades especializadas, capacitar operadores judiciales y operar el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En respuesta, el morenista Javier Corral indicó que los recursos deberán ser asignados por la Secretaría de Hacienda mediante ampliaciones presupuestales.
El dictamen incorpora tres conjuntos de agravantes, entre ellas cuando la extorsión se cometa contra comerciantes, empresarios, agricultores, prestadores de servicios o migrantes. También aumenta la sanción cuando el extorsionador impone los precios de productos o servicios, o cuando los pagos se depositan en cuentas bancarias nacionales o extranjeras, o se utiliza a un tercero ajeno al delito.
La nueva ley además penaliza la introducción de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios o de internamiento, con el fin de inhibir las llamadas de extorsión desde los penales. También establece medidas de reparación del daño y dispone que los recursos obtenidos por extinción de dominio, decomisos o abandono de bienes relacionados con este delito deberán aplicarse preferentemente para restituir los derechos de las víctimas.
