El Senado de la República, con mayoría de Morena, aprobó la denominada “Ley de Transparencia para el Pueblo”, que establece nuevas reglas de acceso a la información y la creación de la Secretaría de Buen Gobierno, en sustitución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El dictamen, que también expide nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos personales, fue aprobado en lo general con 71 votos a favor de Morena, PT y PVEM. En contra votaron senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que la mayoría de los legisladores del PRI no asistieron, ya que se encontraban en la sede nacional de su partido celebrando su 96 aniversario. En lo particular, la votación fue de 67 votos a favor y 20 en contra.
Las nuevas disposiciones otorgan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la competencia para regular el acceso a la información pública y la protección de datos personales, además de ejercer sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, se sustituirá el actual Sistema Nacional de Transparencia por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
El nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, gestionará la información del Poder Ejecutivo, mientras que los demás organismos autónomos continuarán administrando su propia información.
Una de las modificaciones más polémicas es que las respuestas a solicitudes de información solo podrán ser impugnadas mediante juicio de amparo, lo que transferirá la resolución de controversias a jueces y tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación.
Morena también aceptó una reserva que exime a diversas instancias de seguridad, como el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, de la supervisión de un comité de transparencia. En su lugar, la entrega de información quedará bajo la decisión de los titulares de cada entidad.
Durante la discusión, el senador Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción, criticó que el dictamen no fuera turnado a su comisión para su análisis, calificándolo como una violación reglamentaria. Por su parte, el priista Rolando Zapata advirtió que la desaparición del INAI y la concentración de facultades en la Secretaría de la Función Pública y Anticorrupción generan un conflicto de interés, pues “el fiscalizador y el fiscalizado serán el mismo, minando así toda legitimidad en los procedimientos”.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación.
