El pleno del Senado de la República aprobó, con el apoyo mayoritario de Morena y un voto dividido del PAN, la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, según lo establecido en el artículo 19 de la Constitución. La medida fue respaldada por 93 senadores de Morena, PT, PVEM y algunos miembros del PAN, mientras que 35 legisladores de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Entre los delitos que ahora conllevan prisión automática se encuentran la extorsión, el tráfico de fentanilo y la emisión de comprobantes fiscales falsos. Sin embargo, el narcomenudeo y la defraudación fiscal, que estaban en la propuesta original de Morena, no fueron incluidos en el dictamen final.
El senador panista Juan Antonio Martín del Campo justificó su voto a favor del dictamen en lo general, aunque expresó reservas sobre la prisión oficiosa para el delito de defraudación fiscal. Otros senadores del PAN, como Agustín Dorantes y Miguel Márquez, también apoyaron la reforma.
Por otro lado, el senador Ricardo Anaya, también del PAN, criticó la medida, argumentando que la prisión automática viola la presunción de inocencia y puede afectar a personas inocentes. “Nadie en este pleno quiere extorsionadores o traficantes de fentanilo en las calles, pero el debate debe centrarse en cómo se aplica la ley”, afirmó.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, advirtió que la prisión preventiva oficiosa tiene un impacto desproporcionado en las personas de bajos recursos, quienes a menudo carecen de los medios para defenderse legalmente. “Esta medida puede ser utilizada para la persecución política, creando un riesgo inaceptable”, señaló.
La priista Carolina Viggiano cuestionó la efectividad de aumentar las facultades de la Secretaría de Seguridad federal, sugiriendo que las políticas actuales han llevado a violaciones de derechos humanos y a la encarcelación de los más vulnerables.
El senador Waldo Fernández, del PVEM, defendió la reforma, argumentando que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta necesaria para proteger a las víctimas de delitos graves y garantizar que los imputados enfrenten el proceso judicial.
