Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Seguridad del Senado aprobaron este lunes 11 de noviembre una reforma que otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la facultad de investigar delitos. Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que el objetivo es mantener el mando civil bajo la dirección de Omar García Harfuch en la estrategia de seguridad nacional.
Durante la sesión, Cantón enfatizó la importancia de la coordinación entre la SSP y otras entidades, incluyendo municipios y estados. “Estamos remarcando que el mando es civil en todo momento”, afirmó, destacando que esta reforma busca una colaboración efectiva con las fuerzas armadas, incluyendo el Ejército, la Marina y la Fuerza Nacional.
En el debate, la oposición mostró su apoyo a la iniciativa, aunque con reservas. El panista Ricardo Anaya argumentó que pacificar México requiere de una investigación bajo un mando civil, y enfatizó la necesidad de desmantelar las organizaciones del crimen organizado, señalando que simplemente descabezar estas organizaciones no resuelve el problema. Anaya también anticipó que el oficialismo mencionará el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, como parte de la discusión, instando a que se establezcan “salvaguardas democráticas” en la ley secundaria para evitar distorsiones en las investigaciones.
Por su parte, Manuel Añorve, coordinador parlamentario del PRI, se pronunció a favor de la reforma, señalando la necesidad de un mayor presupuesto para la SSP. Claudia Anaya, también del PRI, apoyó la atribución para la Secretaría pero rechazó la inclusión de la Guardia Nacional en funciones de investigación, argumentando que es un cuerpo militar que no debería tener tales facultades.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, expresó su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de homologar los estándares y criterios de actuación de las corporaciones policiacas, que han sido descuidadas en términos de presupuesto y formación. Sin embargo, cuestionó la propuesta de condicionar la fiscalización de recursos de las entidades federativas, insistiendo en que esta responsabilidad debe permanecer en la Auditoría Superior de la Federación.
